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La Comisión de Enlace Agropecuaria manifestó “su alarma” ante el tratamiento del proyecto que busca gravar las grandes fortunas

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La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó, en un comunicado conjunto, «su alarma ante el inminente tratamiento» en el Congreso del Aporte solidario de las grandes fortunas que debatirá este martes la Cámara de Diputados.

 

En un texto titulado «No más impuestos a la producción y al crecimiento», la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas consideraron que la iniciativa impone un nuevo impuesto que se suma a «la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor».

 

«Es un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente», indicaron y explicaron que en un intento de resolver el déficit fiscal que se acrecentó durante la pandemia se afectará «irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo».

 

Además, indicaron que el proyecto que afectará a los patrimonios mayores a los $200 millones «no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio».

 

«Ello hace que, en un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen», continuaron.

 

También señalaron que una de las principales contradicciones del impuesto es que «es contrario al federalismo, ya que al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias».

 

Por último, criticaron que el título de la ley sea engañoso, ya que «solo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia».

 

«Precisamente, en un momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y traccionen su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro», concluyeron.

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