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La policía desalojó este jueves, en cumplimiento de una orden judicial, un predio en la localidad bonaerense de Guernica que permanecía ocupado por una parte de las familias que se habían instalado en julio pasado, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 35 personas.
El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 de y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del lugar, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
«El objetivo primordial del Gobierno de la PBA fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley», indicaron esta tarde fuentes oficiales.
El Gobierno bonaerense indicó a través de voceros que «antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado» y agregó que «luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados».
También se destacó que el desalojo se produjo «después de múltiples mesas de diálogo», porque «un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial».
Los disturbios tuvieron lugar a unas tres cuadras del predio cuando grupos resistían tirando piedras a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos.
«Ya está todo desalojado», dijo Berni en declaraciones a la prensa, luego que unos 4.000 efectivos policiales y agentes especiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que fue desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.
El operativo se concretó luego de varias semanas en las que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica por parte de la mayoría de las familias.
En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres a cargo de la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, hubo «cerca de 35 aprehendidos» y se encontraron en el lugar «balines, facas y fierros clavados en el barro».
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales- realizó un censo entre los ocupantes «que identificó 1904 personas».
Del cruce de datos con el Renaper surgió que había «1098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente», explicaron desde el Ejecutivo bonaerense.
Según ese registro, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio y a cambio recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en «espacios transitorios» de Presidente Perón.
En la mañana del jueves, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.
Los efectivos cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.
Luego del desalojo, algunas personas continuaban resistiendo el operativo en los alrededores, donde hubo enfrentamientos y alrededor de las 9 llegaron al lugar un camión hidrante y cinco camionetas.
Cerca del mediodía, personal del municipio de Presidente Perón, a bordo de topadoras, comenzó a demoler las casillas de madera que quedaban instaladas e inició el operativo de limpieza de los terrenos.
Protestas en rechazo al desalojo
En paralelo, bajo la consigna «No al desalojo, tierra para vivir», militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata, el hospital Posadas y la ciudad de Mar del Plata.
También se realizó otra manifestación frente a las puertas de la municipalidad de Presidente Perón, de la que participaron algunos de los desalojados más temprano junto a dirigentes del Polo Obrero (PO).
«Queremos que se reabra la mesa de negociación con la provincia porque esta gente no tiene donde ir», expresó allí el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, rodeado de unas 400 personas que con bombos, redoblantes y algunas de las chapas que utilizaron como escudo cuando resistieron el desalojo policial.
La protesta se realizaba a pocos metros del edificio de la fiscalía de Presidente Perón en la que hay alojados nueve de los 36 detenidos que, según fuentes judiciales, serán liberados en las próximas horas.
El PO había sido señalado por el ministro de Desarrollo de Comunidad Andrés «Cuervo» Larroque como el grupo de la toma más radicalizado cuando trabajó durante 40 días en el predio con un equipo multiministerial para tratar de lograr un desalojo pacífico.
La ocupación
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Belaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial y que tenía para mañana fecha límite de concreción.
«Una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.», sostiene la resolución del juez Rizzo.
Facas y hierros clavados en el barro
El fiscal Alcorta dijo que cuando las autoridades llegaron al lugar se encontraron «balines, facas y fierros clavados en el barro».
“Las cosas tienen que volver al Estado de derecho”, sostuvo el fiscal en declaraciones a radio La Red, en las que explicó que “la mitad del predio estaba con animales y la otra mitad era parte de un emprendimiento de un barrio privado”.
Asimismo, contó que cuando se llegó al lugar se encontró «con balines de metal, facas y fierros clavados en el barro» y explicó: «De hecho, una persona se lastimó con uno de esos fierros, que son como miguelitos muy grandes. Afortunadamente, no encontramos armas de fuego”.
Condomí Alcorta remarcó que el terreno será entregado a los dueños que reclamaron su restitución a través de la justicia y destacó que si alguien intenta una nueva ocupación será detenido.
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