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Se confirmó la primera baja en el ministerio de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez dejó la subsecretaría de Transporte Automotor, apuntado como principal responsable por la polémica en torno a la discutida adjudicación de la línea 141 –devenida en 145- del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a favor del grupo empresario encabezado por Marcelo Zbikoski, también propietario de Don Casimiro. Por el mismo tema también está en duda la continuidad en su cargo del secretario de Gestión del Transporte, Walter Saieg.
El conflicto que generó la cuestionada adjudicación de la línea 141, ahora 145, una de las más importantes del AMBA, a manos de la UTE Nuestra Señora del Rosario, bajo la órbita del grupo que encabeza el empresario misionero Marcelo Zbikoski, terminó eyectando de su cargo al subsecretario de Transporte Automotor, el cordobés Gabriel Bermúdez, principal responsable por el permiso provisorio que permitió el desembarco de la empresa de Zbikoski como prestataria.
Las fundamentadas demandas que presentó el anterior concesionario, la empresa Mayo SATA, dejaron mal paradas a las autoridades de Transporte y propiciaron los cambios. El hecho de que MAYO SATA se haya negado a dejar de prestar el servicio por considerar arbitrarias las decisiones de Transporte que beneficiaron a la empresa de Zbikoski elevó la temperatura del conflicto.
Durante el proceso que derivó en el desembarco de Zbikoski como flamante operador de la ex línea 141 devenida en 145, la empresa Mayo SATA denunció supuestas irregularidades. En sucesivas presentaciones judiciales, la empresa denuncio penalmente a funcionarios nacionales de la administración de Macri por administración fraudulenta orientada a asfixiar económicamente a algunas empresas para beneficiar a otras.
En sus presentaciones, Mayo SATA asegura que las autoridades de Transporte deliberadamente demoraron trámites administrativos que la firma había iniciado y le aplicaron penalizaciones injustificadas para favorecer el desembarco de Zbikoski.
En su primer día de funcionamiento, hace poco más de dos semanas, la ex línea 141 que pasó a denominarse 145 recibió actas de infracción por parte de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) por circular sin permisos definitivos y sin el equipamiento necesario para que funcione el sistema SUBE.
La ausencia de las máquinas del SUBE también motivó una denuncia de la anterior prestataria de la línea, la empresa Mayo SATA.
Ocurre que además de impedir el control de los boletos vendidos y los kilómetros recorridos, la falta de las máquinas del SUBE representa un incumplimiento en los protocolos establecidos para la prevención del coronavirus, en tanto el sistema de boleto electrónico es la única herramienta que puede garantizar que el transporte público de pasajeros lo utilicen solamente las personas que están habilitadas para hacerlo.
La normativa vigente establece, en su artículo 205 del Código Penal, que no adecuarse a los recaudos sanitarios puede ser tipificado por el delito de “violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia”.
En el contexto de pico de contagios de pandemia que atraviesa el AMBA, la decisión adoptada por la empresa de Zbikoski resultó particularmente irresponsable, porque al no tener equipos para el cobro de boletos, los pasajeros podían viajar gratis, lo que provocó que un mayor número de usuarios se inclinara por usar esa línea y los colectivos viajaban atestados de gente.
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