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Los tributaristas, en su amplia mayoría, clasifican al «aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia», como inconstitucional, por confiscatorio, por su retroactividad, por no contemplar la capacidad contributiva y por desigual, entre otras cosas.
La retroactividad es referida a que se valuaría sobre el patrimonio existente al 31/12/2019, sin tener en cuenta la capacidad contributiva actual del contribuyente, no contempla la posibilidad de que el mismo haya tenido que reducir su capital en este año, en el que nadie trabajó con normalidad.
La desigualdad es planteada principalmente, porque afecta a quienes corren riesgos invirtiendo en actividades que generan trabajo, del mismo modo que al que elije tenerla en un banco en el exterior, es confiscatorio porque no sólo logrará apoderarse de la pequeña porción de utilidad que pueda quedar, luego de pagar el resto de los tributos, sino que se «devora» parte del patrimonio.
Si al 31/12/19, era poseedor de un patrimonio nacional, que supere, los 200 millones de pesos, no significa que pueda pagar HOY 4 millones, se deberá pedir un préstamo personal, con un costo que puede llegar al 110%, ¿para pagar el impuesto a la riqueza?
Por otro lado, el proyecto deja afuera todas las excepciones que contempla el impuesto a los Bienes Personales, es decir incluye tenedores de bonos nacionales, provinciales y municipales, dinero en cuentas bancarias de ahorro, los inmuebles rurales de las personas físicas, las maquinarias agrícolas por el valor de compra, todo ajustado por inflación y sin tener en cuenta las deudas que aún se estén pagando por estos bienes.
De acuerdo a Mariana Martínez, coordinadora de la Comisión de Legislación e Impuestos de CRA, un productor de zona núcleo con 200 hectáreas y una máquina, se considera rico y lo mismo le sucede al dueño de una PyMe industrial, propietario de inmueble, instalaciones y maquinarias con tecnología, ¿no son éstos los actores que generan trabajo y crecimiento a nuestro país?
El Banco Mundial afirma que hace más de una década que la «Imposición fiscal» argentina se consume la utilidad antes de impuestos (entre un 106% y un 137%). El propio INDEC demuestra que llevamos 70 años casi ininterrumpidos de gastar más de lo que generamos.
Lo que se pretende mostrar, en este informe, es que, si la intención es lograr el desarrollo productivo, el incremento del ingreso de divisas al país y por sobre todas las cosas, mejorar la situación en la que estamos sumergidos la gran mayoría de los argentinos, no hace falta ser un especialista para poder afirmar que el incremento de la carga tributaria, NO es el camino, la historia reciente nos muestra que la baja de impuestos incrementa la producción, por el contrario su incremento, sólo ha conseguido incrementar la desigualdad, haciendo crecer el gasto público y la pobreza.
Multiplicar la «riqueza» sólo es posible favoreciendo la posibilidad de generar recursos a través del trabajo y no destruyendo los capitales productivos.
Por Jorge Chemes
Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
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