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La ampliación presupuestaria sancionada recientemente por el Congreso incluye una jugosa partida de 10.500 millones de pesos para distribuir entre las prestatarias de transporte urbano de todo el país en forma de subsidio. Pero para acceder a la parte que le toque de esa suma, cada empresa deberá instrumentar el sistema Sube nacional, que a diferencia de su versión posadeña, sí funciona como controlador fiscal electrónico. La única empresa que tiene el sistema nacional en Misiones es Rio Uruguay en su servicio urbano de Apóstoles.
Todo indica que ahora sí el Gobierno nacional está decidido a obligar a las empresas de transporte urbano de pasajeros de todo el país a instrumentar el Sistema Único de Boleto Electrónico, más conocido como SUBE nacional.
Para acceder a los subsidios previstos en la ampliación del Presupuesto, las provincias deberán firmar una adenda al convenio firmado en junio. Los primeros dos puntos de esa adenda comprometen a las provincias a suscribir con las empresas de transporte bajo su jurisdicción un compromiso de adhesión al SUBE.
“Durante el presente año calendario, aprobar, celebrar y/o dictar las normas y actos administrativos necesarios para la futura instrumentación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE); y facilitar el cumplimiento de los cronogramas de implementación que el MINISTERIO DE TRANSPORTE oportunamente apruebe al respecto”, reza textualmente el agregado al convenio que ya firmó Santa Fe, apurada por destrabar la llegada de fondos nacionales.
Compromiso postergado
Durante los últimos dos años del Gobierno de Cristina Kirchner, la Nación intentó imponer el sistema de cobro electrónico en todas las provincias, porque entendía que era la única manera de controlar que los recursos que el Estado destina a subsidiar el servicio de transporte público efectivamente terminen beneficiando al pasajero.
Los empresarios del transporte interurbano de Posadas, Garupá y Candelaria se negaron a instrumentar la SUBE porque entendían que la Nación debería subsidiarles el costo de implementación del sistema, algo que no estaba previsto en los planes del Gobierno.
La excepción a la regla fue la empresa Rio Uruguay, que sí incorporó el SUBE nacional en su prestación de transporte urbano en Apóstoles. La misma empresa se hizo cargo luego de la firma Bencivenga, de Posadas. Su titular, Darío Skraviuk, afirma que también intentó incorporar a la empresa posadeña al sistema nacional, porque cobra comisiones más bajas que su alternativa local, el SUBE Misionero, pero no consiguió hacerlo.
Después llegó Macri, con un secretario de Transporte –Guillermo Dietrich- más atento a los intereses de algunas empresas y la obligación de migrar a la SUBE nacional se cayó de la agenda.
Lo que siguió fue la pandemia, y a causa de ella, un incremento sustancial en los subsidios nacionales al transporte como compensación por la caída en la cantidad de pasajeros transportados.
El nuevo Gobierno nacional accedió a los pedidos de las provincias, los municipios y las empresas entendiendo que había una emergencia y la única manera de preservar los servicios esenciales y evitar despidos, pasaba por incrementar los subsidios.
Pero desde un comienzo dejó en claro que no estaba satisfecho con el sistema heredado, tanto por la manera en que se distribuía el dinero, cuanto por la imposibilidad de llevar adelante en muchas jurisdicciones, un control minucioso de la cantidad de boletos vendidos por cada firma y propuso un replanteo de todo el sistema.
La buena noticia para Misiones es que ese replanteo llegaría con una visión más federal que desconcentraría los subsidios del AMBA, zona históricamente beneficiada por el reparto de dinero estatal.
Pero desde la administración que encabeza el ministro Mario Meoni, también se ocuparon de aclarar que la instrumentación del SUBE nacional no será optativa, porque entienden que es el único sistema que garantiza la transparencia.
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