Santiago del Estero: una niña de 12 años fue violada, quedó embarazada y le negaron la Interrupción Legal del Embarazo

La niña fue violada por un familiar y producto de eso, ahora transita un embarazo forzado. En el centro de salud le dieron vueltas y no le informaron sus derechos. La médica que la atendió reportó al Ministerio de Salud provincial que la pequeña llevaba un período de gestación un mes y medio más avanzado que el real, para hacer creer que ya era tarde para realizar la ILE.

María (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene 12 años y un embarazo forzado. No buscó ese embarazo y tampoco pudo decidir interrumpirlo, aunque la ley la ampara. No le dieron la opción porque en Santiago del Estero, donde vive, no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921.

La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días –casi tres semanas– en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual. El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Allí informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas, es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas.

María es cartonera y su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: en su legajo del sistema de protección de niñez figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017.  La niña vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, también cartonera, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria, que alquilan, en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable.

Acompañada por su mamá, el 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA –porque ahí no tenían equipamiento—y se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu. La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La niña y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, no recibió información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).

Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. María no está escolarizada.

Y más adelante, detalla: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que “ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”.

De tal modo, María quedó involucrada en una trama que ya es moneda corriente en la provincia de Santiago del Estero, donde no se aplica un protocolo de atención de los casos de interrupción legal de embarazo, generalmente debido a artimañas de los profesionales de la salud pública.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado.

El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial, tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada.

El caso generó gran revuelo en el Ministerio de Salud de Santiago del Estero. El miércoles 13, una semana atrás, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica. Sin embargo, la versión que dieron a este diario en ese Programa fue distinta, aseguran que no fue esa la respuesta.

El 14 de mayo, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de María, y recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos “extremadamente vulnerados” de María.

Fuente: Página 12.

A.S

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