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El Gobierno nacional puso en marcha una ampliación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para brindar asistencia a empresas, monotributistas y autónomos afectados en sus actividades como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para frenar la pandemia de coronavirus COVID-19. Con estas nuevas medidas, la inversión del Estado nacional asciende a los 850.000 millones de pesos, un 2,9 por ciento del Producto Bruto Interno.
“Hemos evaluado la necesidad de ampliar el paquete de ayuda y de hacerlo más sencillo”, expresó Kulfas, quien en una conferencia de prensa junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “este paquete tiene como objetivo principal preservar el trabajo, preservar la economía nacional, dejar lo más fortalecido posible el entramado productivo para que después de esta pandemia esté lo más fuerte posible el aparato productivo”.
Moroni, en tanto, destacó que “el objetivo sigue siendo preservar la salud y mantener el empleo para cuando esto pase”, y explicó: “Lo que hemos cambiado es que esto es para todas las empresas independientemente de su tamaño, en la versión anterior habíamos hecho una categorización y modo de acceso en función del tamaño de las empresas, esto hoy ya no es así, todas las empresas pueden acceder a esto más allá de la cantidad de trabajadores que tengan”.
Como parte de la ampliación del Programa, establecida por medio de una modificación al decreto 332, “el Estado Nacional va a pagar a través de la ANSES al comienzo de mayo hasta el 50 por ciento del salario de todos los trabajadores del sector privado de empresas que se han visto afectadas por la pandemia”, indicó Kulfas.
Así, con el Salario Complementario, “el 80 por ciento de los trabajadores del sector privado van a estar cobrando una suma que es la mitad del salario que cobraron en el mes de febrero completamente abonado por el Estado a través de la ANSES”, sostuvo. Ese pago tendrá un piso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y un techo de dos SMVM.
Además, el seguro de desempleo pasará de 6000 pesos a 10.000 y se brindarán créditos a tasa cero, sin costo financiero y con garantía estatal para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos.
Por otra parte, y dentro del ATP al que ya se inscribieron 420.000 empresas, se brindarán créditos a tasa cero, sin costo financiero y con garantía estatal para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos.
Para el otorgamiento de esos préstamos, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) dispondrá, a través de la Jefatura de Gabinete, de 11 mil millones de pesos para solventar el costo financiero, mientras que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) contará con 26.000 millones de pesos para respaldar el financiamiento.
Para obtener los beneficios del programa ATP, las empresas deberán cumplir con alguna de las siguientes condiciones: pertenecer a actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan, tener una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras con COVID 19, en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar, o haber sufrido una sustancial reducción de sus ventas con posterioridad al 12 de marzo.
También se estableció simplificar las condiciones para acceder a la reducción de hasta un 95 por ciento en el pago de contribuciones patronales, ya que el beneficio no será exclusivo para empresas de hasta 60 empleados y las que tengan una mayor dotación de personal no tendrán la condición de entrar en un Procedimiento Preventivo de Crisis como primera instancia.
Las medidas fueron analizadas en una reunión del Gabinete Económico que se llevó a cabo esta mañana en la Casa Rosada. El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y contó con la participación de Kulfas, Moroni, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, además de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También estuvieron presentes los presidentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce.
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