Análisis semanal: Guzmán le muestra los dientes a los bonistas mientras Misiones da un paso más hacia la innovación y reclama una compensación histórica de 126 mil millones

El Gobierno de Alberto Fernández atraviesa un momento bisagra que determinará el futuro de su gestión y en buena medida, también el de sus sucesores. En la negociación con los tenedores de deuda privada que inició esta semana Argentina se juega sus últimas fichas para evitar un default que postergaría cualquier posibilidad de reactivación. Al mismo tiempo, se enfrenta al desafío de lograr que los aumentos salariales y de haberes jubilatorios recientemente otorgados se traduzcan en incremento del consumo y no en suba de precios. El contexto internacional, con un dólar que se fortalece en toda la región y con el avance de una enfermedad que literalmente está paralizando al mundo, no ayuda.

 

En casi tres meses de gestión, Alberto Fernández consiguió domar algunas variables de la economía que durante los últimos dos años del gobierno de Macri corrieron descontroladas. El cepo al dólar demostró efectividad para reducir la inflación sin necesidad de ir a una política monetaria contractiva que ahogaría todavía más la actividad y el consumo y a pesar de una importante baja de intereses que era necesaria para reactivar el crédito.

 

Se terminó la volatilidad extrema que acompañó al país desde el segundo trimestre de 2018 hasta diciembre último y hay un mayor control de la economía, pero todavía no hay reactivación. Si bien ya hubo mejoras, fueron muy selectivas e insuficientes para revertir una recesión que ya acumula siete trimestres consecutivos. De las 16 categorías que mide el Indec solo siete mostraron variaciones interanuales positivas en enero, las demás cayeron.

 

Uno de los rubros que está traccionando el consumo y que el Gobierno espera que siga empujando es el de alimentos. La política de redistribución de recursos que lleva la administración nacional apunta a reforzar el poder de compra en los niveles socioeconómicos más bajos, cuyos integrantes son quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos.

 

La clave pasa por evitar que el aumento de la demanda motorizado por los aumentos de los sueldos y jubilaciones más bajos y la instrumentación de programas como la tarjeta alimentaria, no termine recalentando la inflación. Para evitarlo, la Secretaría de Comercio ya convocó a la compañías que participan de Precios Cuidados a definir las listas de precios que entrarán en vigencia en el segundo trimestre y que incluirán aumentos en un rango de entre 2 y 3 por ciento. El control de tarifas también juega un rol central en esta cuestión.

 

Pero más allá de programas y medidas puntuales, el pilar en el que se apoya el programa económico para frenar a la inflación es el dólar. El cepo duro que se aplica desde fines del año pasado consiguió atar la cotización oficial de la moneda estadounidense y el rescate de pesos vía emisión de Leliqs mantiene a raya al blue, sin embargo ese rudimentario esquema que resultó efectivo en el corto plazo debería ser acompañado por un mayor ingreso de dólares para que el programa sea sustentable en el mediano plazo.

 

De allí la importancia de evitar un default que provocaría una nueva depreciación del peso y cerraría la posibilidad de reabrir para Argentina las ventanillas de crédito en el mercado voluntario, opción que se vuelve más atractiva por la baja histórica de las tasas de interés de la FED.

 

Guzmán tensa la cuerda

 

Finalmente el ministro de Economía Martín Guzmán recibió a representantes de los fondos que concentran la mayor parte de la deuda que emitió Mauricio Macri y el Gobierno dejó trascender que el monto a renegociar será de alrededor de 70 mil millones de dólares.

 

Si bien no se comunicaron los pormenores de la reunión de Guzmán con los representantes de los bonistas, quedó claro que –por lo menos en el inicio de las negociaciones- Argentina no apunta a una “propuesta amigable” al estilo de Uruguay o Ucrania sino que aspira a lograr una quita tanto de capital cuanto de intereses, además de una extensión de los plazos de pago y un período de gracia.

 

Desde el Gobierno están convencidos de que solo un acuerdo de esa naturaleza sería cumplible para el país y en consecuencia evitaría una nueva renegociación en poco tiempo.

 

Los representantes de los fondos no hicieron declaraciones públicas pero sí dejaron trascender a través de medios especializados que no les gustó nada de lo que escucharon en boca de Guzmán, lo que provocó que cayera la cotización de los bonos argentinos y aumentara el riesgo país.

 

Lo que vendrá será una dura negociación en la que probablemente la primera oferta de Argentina no sea aceptada y se abra una instancia de regateo en la que se jugarán argumentos contrapuestos.

 

Los bonistas están al tanto de la necesidad que tiene Argentina de llegar a un acuerdo lo antes posible y buscarán que eso opere a favor de sus intereses. Además cuentan con la carta de los fondos buitre, siempre dispuestos a comprar a precio de ganga la deuda de países insolventes para después reclamarla por vía judicial.

 

Por su parte, Argentina intentará convencer a los acreedores de que un acuerdo en los términos que plantea Guzmán es el único que les dará certezas de cobro a los bonistas y que para ellos sería mejor cobrar un mal acuerdo que no cobrar uno bueno.

 

Y apareció el Coronavirus

 

En un contexto tan delicado para la economía argentina irrumpió el coronavirus. A pocos días de detectarse el primer caso en Argentina ya se confirmaron otros ocho, de los cuales uno murió.

 

Pero además de desafiar a los sistemas de salud de todo el mundo también está poniendo en jaque a la economía. En China, la enfermedad redujo la producción industrial y la actividad en los puertos, lo que no tardó en impactar en el comercio exterior de todo el mundo.

 

Los analistas ven una clara relación entre el brote del coronavirus y la importante devaluación del real que por estos días llegó a sus mínimos históricos con relación al dólar. Brasil es el único país del mundo que tiene balanza comercial superavitaria con el gigante asiático, de allí que la virtual cuarentena en la que entró China desde inicios de febrero afecte particularmente al país vecino.

 

Brasil cerró 2019 con un crecimiento de 1,1%, bastante menos de lo que se proyectaba, e inició 2020 con la intención dinamizar su economía. En ese plan, el equipo liderado por el polémico Paulo Guedes inició un camino de reducción de tasas de interés y devaluación del real, algo que se profundizó a partir del coronavirus y las restricciones que esa circunstancia impuso a las exportaciones brasileñas a China.

 

En lo que va del año el dólar aumentó 16% en el país vecino, que a pesar de ello mantiene una proyección de inflación del orden del 4% anual. Los industriales paulistas que antes criticaban a Bolsonaro por las políticas de ajuste, ahora brindan con champagne a la salud de Paulo Guedes y de la competitividad cambiaria que les dejó la devaluación sin inflación de Brasil.

 

Del lado argentino del mapa la ecuación es exactamente inversa: inflación sin devaluación y el resultado es una pérdida de la competitividad frente al país vecino.

 

Pero la película puede tener final feliz si el nuevo escenario termina impulsando un crecimiento más firme de la economía brasileña que arrastre a sus hermanos menores del Mercosur.

 

Otra mala noticia del contexto internacional, en especial teniendo en cuenta la política argentina de usar al dólar como ancla de la inflación, es la renovada pujanza de la economía estadounidense que  fortaleció al dólar en toda la región. En un contexto en el que todos los demás países están devaluando muy por encima de sus inflaciones, la estrategia argentina de congelar al dólar en un contexto inflacionario tiene mayor costo en términos de competitividad cambiaria.

 

Paro sojero

 

Luego de postergar la medida, el Gobierno nacional finalmente anunció que aumentará tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja a los productores que vendan más de mil toneladas de esa oleaginosa y que bajarían las retenciones a las economías regionales. Como era de esperarse, buena parte del sector agropecuario de la zona núcleo, enfrentado con el kirchnerismo desde la fallida 125, reaccionó con indignación y desde varias asociaciones de productores convocaron a un cese de comercialización de granos y hacienda que se extenderá por cuatro días.

 

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades más combativas, anunciaron la medida de fuerza a través de un comunicado que finaliza con una amenaza: “nos vemos en las rutas”.

 

Voceros del sector consideraron que no es momento para aplicar un incremento en la -de por sí alta- presión impositiva dado que buena parte de los cultivos están afectados en su productividad por una severa sequía.

 

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi  aportó una voz disidente dentro del sector y cuestionó el paro. “Hay mucha gente que está muy mal, la economía está mal y que aparezcamos los productores con un paro por rentabilidad o cuestionando tres puntos de retenciones es cuanto menos inoportuno”, sostuvo.

 

El presidente Alberto Fernández tiene muy en claro que adoptó la decisión por motivos puramente fiscales y busca bajarle el tono a la polémica. Pero así como del lado de los ruralistas hay un componente inocultablemente ideológico dentro de la crítica al Gobierno nacional, dentro del Frente de Todos también hay quienes liberan una guerra santa contra el campo. Por ejemplo el senador Oscar Parrilli no dudó en responsabilizar “al campo” por la crisis por tratarse del sector “que más ganó” y “más fugó”  en los últimos años. Un par de casilleros más adelante se ubicó el dirigente social Juan Grabois que caracterizó a los dirigentes de la Mesa de Enlace como “el 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria del campo que es de todos” y consideró que “si no los barremos de una vez no avanzamos”.

 

Aborto y justicia en la dinámica del cambio

 

Ante la imposibilidad de lograr en el corto plazo los resultados económicos que pretende, el presidente Alberto Fernández se muestra decidido a impulsar transformaciones en otros aspectos de su gestión. La ley para modificar los generosos regímenes jubilatorios que benefician a los altos funcionarios de la Justicia y del Servicio Exterior y la reforma de la Justicia anunciada durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo van en ese sentido.

 

El mismo día realizó otro anuncio que marcará la agenda política para lo que resta del año: anticipó que presentará un proyecto tendiente a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Más allá de las reacciones encendidas y mortalmente enfrentadas que siempre genera el debate en torno al aborto, el anuncio también generó discrepancias políticas puertas adentro del Frente de Todos.

 

Para algunos el anuncio resulta oportuno porque en tiempos de escasos resultados económicos siempre es bueno correr la agenda de ese eje y llevarla hacia temas movilizantes. Otros entienden que volver a abrir el debate del aborto, más aún con el presidente tomando postura, conspirará contra la cohesión interna de un frente bastante heterogéneo como lo es el Frente de Todos.

 

Mientras el ala más progresista del frente gobernante festejaba el anuncio, los sectores más conservadores dentro de la misma fuerza y más aún aquellos ligados a la Iglesia, salieron con los tapones de punta. Figuras importantes como el presidente de la bancada oficialista en el Senado, el formoseño José Mayans, equiparó el aborto a la pena de muerte y dejó en claro su rechazo al proyecto anunciado por el presidente.

 

Nueva escuela

 

En materia de política provincial lo más destacado de la semana fue la visita de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien escuchó de primera mano los planteos de los empresarios misioneros y recibió de parte del Gobernador Oscar Herrera Ahuad un pedido especial para que finalmente se instrumente un esquema fiscal diferenciado para los zonas de frontera, algo que está plasmado en el artículo 10 de la Ley Pyme pero que nunca tuvo ningún efecto práctico.

 

Muestra de la buena relación con el Gobierno nacional, el lunes estará en Misiones otro funcionario del Gabinete de Alberto, el ministro de Educación Nicolás Trotta. Participará junto al gobernador del acto central de apertura del ciclo escolar, a realizarse en San Pedro. A la tarde acompañará al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, a la inauguración de la Escuela Secundaria de Innovación, un proyecto que lleva la impronta del conductor de la renovación.

 

La presencia del funcionario nacional es un reconocimiento a Misiones que en un contexto económico complicado, en el que varias provincias no alcanzan a pagar los sueldos o no consiguen honrar sus deudas, volvió a ser la primera en cerrar la paritaria con los cuatro gremios docentes de representatividad nacional y nuevamente iniciará las clases en la fecha prevista.

 

Desde el Gobierno sostienen que la nueva Secundaria de Innovación es un paso decisivo en el camino trazado desde hace 15 años en Misiones cuando se decidió darle a la pedagogía un giro hacia la modernidad y asociarla con las herramientas que brindan las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Desde la renovación afirman que el cambio en la educación se fue dando de manera progresiva, cumpliendo distintos objetivos, desde lo más básico hasta llegar a la robótica y la innovación. “Primero fue una escuela secundaria en cada municipio, después las escuelas técnicas, luego vino la escuela de robótica, la secundaria de innovación, la educación disruptiva y ahora se proyecta el Silicon Misiones”, enumeran.

 

Destacan que la innovación aplicada a la educación pública y gratuita apunta a democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y a sentar con ello bases sólidas para modificar la matriz productiva de la provincia.

 

Compensación extraordinaria de 126 mil millones

 

El Gobierno provincial le puso números y argumentos al reclamo a Nación por una compensación extraordinaria que retribuya a Misiones por los servicios ambientales que presta al resto del país y por la histórica postergación que sufre la provincia en materia de infraestructura –especialmente en lo relacionado a la energía- y de distribución de recursos federales. La Provincia pide 126 mil millones de pesos a ser pagados en cuatro años, a razón de 2.642 millones por mes, poco más de la mitad de lo que recibió en concepto de coparticipación en enero último.

 

El pedido de compensación económica presentado por Misiones fue acompañado por una carpeta técnica que aporta los argumentos de respaldo que, en líneas generales, pueden dividirse en tres ejes: ambiental, fiscal y energético.

 

En el plano ambiental, el planteo apunta a obtener una contraprestación económica por el servicio que presta la provincia a todo el país asumiendo un costo importante en la conservación de sus bosques. En el plano fiscal, la provincia reclama una compensación por la coparticipación desfavorable que recibe y un reconocimiento por su bajo endeudamiento en dólares. El último eje tiene que ver con los sobrecostos que debe asumir Misiones por no haber sido conectada a ningún gasoducto y por pagar más caro el combustible, lo que eleva los costos de toda la logística.

 

Un poco de alivio

 

Después de los picos de contagios de dengue registrados en lugares puntuales como Oberá y Andresito, la cantidad de casos nuevos de esa enfermedad que es endémica en toda la región cayeron en toda la provincia según reportes del ministerio de Salud.

 

Los especialistas atribuyen la mejora al trabajo conjunto que desarrollaron a partir de una orden expresa del Gobernador Herrera Ahuad desde todos los ministerios, incluso con el apoyo de dirigentes de la oposición y a la buena voluntad de los vecinos para combatir al mosquito que propaga la enfermedad.

 

Resaltan empero que más allá de los esfuerzos que puedan hacerse desde el Estado, el factor más importante en la lucha contra el dengue es la responsabilidad de los vecinos de mantener limpios los patios de sus casas y eliminar cualquier recipiente que pudiera almacenar agua de lluvia y así servir de criadero de mosquitos.

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