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¿Punto de partida para frenar la caída de la economía y reactivar el consumo o un nuevo ajuste contractivo para cumplir con el FMI? La batería de medidas que adoptó el nuevo Gobierno en sus primeras semanas alimenta interpretaciones y pronósticos dispares. En parte por la subjetividad propia de cada observador pero también porque la receta que está preparando Alberto mezcla ingredientes de las tradicionales recetas de disciplina fiscal con varias cucharadas de redistribución y asistencialismo, todo cocinado en un caldo de alta incertidumbre.
Decisiones como el bono para los jubilados que menos ganan, el aumento salarial compulsivo para privados al que se sumaría en los próximos días uno para estatales, la entrega de tarjetas alimentarias, el congelamiento de tarifas de luz, gas y transporte y la inminente puesta en vigencia de una nueva versión del programa Precios Cuidados, van en el sentido de reactivar el consumo, de cumplir con la promesa de campaña de “poner plata en el bolsillo de la gente”.
Pero el Gobierno también adoptó una serie de medidas en el sentido inverso, cuyo efecto será sacar plata de los bolsillos de mucha gente para ponerla en el bolsillo grande del Estado. La reposición del IVA sobre alimentos, el impuesto solidario, suba de bienes personales, mayores retenciones, suspensión de la movilidad jubilatoria, el acuerdo con las provincias para que puedan aumentar impuestos provinciales entre otras decisiones, van en ese sentido.
Este programa que con una mano da y con la otra quita es la respuesta que desarrollaron el ministro Martín Guzmán y su equipo al ambicioso objetivo que les planteó el presidente: expandir la economía y al mismo tiempo achicar el déficit fiscal, darle alivio a los que la están pasando peor y a la vez ganar solvencia para enfrentar el exigente cronograma de vencimientos de deuda que enfrenta el país. Ajustar y redistribuir en un solo movimiento.
A grosso modo, el esquema redistributivo que pretende aplicar el Gobierno busca mejorar el poder adquisitivo de los sectores más bajos y con mayor incidencia al consumo en detrimento de los que preservan alguna capacidad de ahorro, en un modelo de reparto en el cual el Estado debe salir ganando. La idea es reducir los ingresos de los que supuestamente no vuelcan al consumo inmediato todo lo que ganan y mejorar el poder adquisitivo de aquellos que sí lo hacen.
Para la desdibujada clase media que también viene de perder con el Gobierno anterior, los beneficios llegarían recién en una segunda etapa producto de la hipotética reactivación que sería impulsada por una mayor capacidad de consumo de las clases bajas. Fracasada la tradicional teoría del derrame intentada en los primeros años del Gobierno de Macri, su sucesor propone un derrame inverso, de abajo hacia arriba.
¿Funcionará?
Analistas coinciden en que el objetivo primario de preservar el orden fiscal está bastante seguro con las medidas que se tomaron para incrementar los ingresos fiscales y limitar la salida de dólares, pero hay discrepancias respecto al otro gran objetivo del programa: reactivar la economía.
El economista Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres y Asociados, consideró en declaraciones a medios nacionales que, en términos generales, el programa de Alberto es contractivo por el simple hecho que el Estado está sacando más recursos de los que está poniendo.
En el mismo sentido interpreta la realidad un reciente informe de la consultora LCG, que además cuestiona que los beneficiados por las medidas de Alberto tengan mayor propensión al consumo que buena parte de los perjudicados. Como ejemplo, argumenta que muchos de los jubilados que están por encima de la mínima y que deberán afrontar el empujón inflacionario de la reposición del IVA a los alimentos sin el auxilio del bono, tienen una propensión al consumo bastante parecida a los de la mínima.
En cambio, economistas de las consultoras Ecolatina y EcoGo sí creen en las diferencias en las propensiones marginales a consumir y esperan que la redistribución de Alberto genere un aumento de la actividad.
Vale aclarar que todos los analistas advierten que para llegar a un diagnóstico más o menos preciso habría que esclarecer algunos aspectos que todavía están en veremos. Uno fundamental es la renegociación de la deuda, fundamental para saber de cuánto dinero dispondrá a los largo del año el Gobierno para impulsar la reactivación. Otra duda pasa por la cuantía del aumento que recibirán los jubilados en marzo, alguna pista dejó el presidente esta semana cuando declaró que la fórmula de movilidad vigente hasta la aprobación de la ley de emergencia era “impagable”.
En lo que respecta a las variables de la macro, las expectativas son moderadamente optimistas. El primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de la era Fernández proyectó un camino de descenso de la inflación que llevaría a ese índice desde los 4,2% de diciembre pasado hasta 2,8% mensual en junio próximo. Gracias a eso, según las estimaciones de los participantes de ese relevamiento, 2020 cerraría con una inflación anual de 42%, 12 puntos porcentuales menos que la de 2019.
Esperan además que el dólar termine este año a 85,9 pesos y que el PBI comience a crecer lentamente en el segundo semestre y promedie el año con una caída de 1,6%, que sería la tercera anual consecutiva.
Un atentado con consecuencias
En una temeraria acción que sorprendió a propios y extraños el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ejecutar a Qasem Soleimani, el más alto general iraní y una figura con mucha incidencia en todo Oriente Medio. Más allá de los previsibles cruces de amenazas que generó el atentado perpetrado por el país norteamericano en territorio iraní y la preocupación que despertó en países de la región que se preparan para una escalada de violencia, también son esperables consecuencias para Argentina.
Cuando Estados Unidos decide ir a la guerra, lo hace en todos los terrenos y por lo general radicaliza su política diplomática que separa amigos de enemigos. Exige gestos claros de apoyo a los amigos y castiga con lo que tenga a mano a los demás. Eso no es una buena noticia para el gobierno de Alberto Fernández que necesita una mano amiga de Trump para destrabar la renegociación con el FMI y de ser posible, para levantar los aranceles impuestos recientemente al acero y el aluminio, pero que no parece dispuesto a retroceder en algunas decisiones que molestan a la diplomacia estadounidense, como el asilo a Evo Morales y el alejamiento de la postura de condena lisa y llana al régimen de Maduro.
La escalada en el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos tendrá también efectos directos en la economía, el primero y más evidente es el aumento del precio internacional del petróleo que tras el atentado subió 3,5% y se espera que continúe en esa senda. Para un país castigado por la inflación y para un Gobierno que acaba de anunciar el congelamiento de las tarifas del transporte, esa es una noticia muy negativa.
El único aspecto positivo que podría dejar la situación es que la suba del precio del petróleo y la inestabilidad en Medio Oriente podrían alimentar el alicaído interés de los inversores internacionales por Vaca Muerta.
Sin vacaciones
En Misiones la gestión de Herrera Ahuad no se tomó vacaciones, después de ser uno de los primeros gobernadores en anunciar el pago de un bono, el misionero se reunión con el titular de la Anses, Alejandro Vanoli y con autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación con quienes, entre otros temas, buscaron soluciones a la eterna problemática de los tareferos en la interzafra.
También recibió al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, que recorrió la provincia durante todo el fin de semana y se comprometió a apoyar a Misiones en gestiones relacionadas a las dos áreas que conduce. En materia de turismo, el funcionario nacional anticipó que se reunirá con directivos de Air Europa para gestionar la continuidad de la ruta Iguazú – Madrid y planteará al ministro del Interior “Wado” de Pedro, la necesidad de agilizar el paso fronterizo Iguazú – Foz.
En el transcurso de la semana el gobernador confirmó una noticia que era esperada por muchos misioneros, la continuidad durante el primer bimestre de 2020 del programa Ahora Misiones y del Ahora Góndola, herramientas que en los últimos años permitieron que la caída del consumo producida por la crisis nacional fuera en Misiones inferior a la del resto del país y que en septiembre y octubre registrara el incremento más significativo entre todas las provincias.
En buena medida gracias a la vigencia de este programa, en octubre la variación registrada en Misiones en materia de ventas en supermercados fue la más positiva de todo el país. Después de varios meses consecutivos en los que las ventas medidas en términos reales –es decir descontando la inflación- arrojaban números negativos en la comparativa interanual en todas las provincias, en septiembre hubo una sola jurisdicción que logró el primer brote verde del año, fue en Misiones que ese mes logró un aumento de 3,5 en sus ventas respecto a septiembre de 2018, según un informe de la consultora Politikon Chaco en base a datos del INDEC.
En octubre Misiones logró duplicar la mejora de septiembre y alcanzó un alza de 7,3%, según otro informe de la misma consultora, y volvió a ser la provincia con mayor crecimiento en ventas del país.
En clave de austeridad
En línea con el planteo de austeridad que pregona el Gobierno nacional y entendiendo que el “ejemplo empieza por casa” el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, decidieron congelar por seis meses los salarios de los funcionarios políticos de ambos poderes del Estado.
Por el Ejecutivo, la medida alcanza a Gobernador y Vice, ministros, subsecretarios, presidentes de entes descentralizados y directorios de empresas con mayoría estatal y por el Legislativo a diputados y funcionarios políticos.
Rápidamente el Superior Tribunal de Justicia, varios municipios y concejos deliberantes tomaron el ejemplo y también congelaron los salarios de sus funcionarios de más alto rango.
En Posadas se consolida la figura del nuevo intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto que esta semana se reunió con los trabajadores y los representantes sindicales del área de Servicios Públicos, tal vez la más importante para la gestión de un intendente, pero también la más conflictiva en los últimos años.
Se abordaron distintos temas referentes a la calidad del servicio y también a las necesidades de los trabajadores. Los empleados se mostraron conformes con la reunión, valoraron la franqueza en el diálogo con el intendente y su voluntad de trabajar en beneficio de la ciudad y por encima de la “politiquería”. Los trabajadores se comprometieron a redoblar esfuerzos para la mejora en la prestación de los servicios y el embellecimiento de la ciudad.
Docencia de luto
En un accidente de tránsito perdió la vida el viernes quien fuera tal vez la dirigente sindical docente más importante en la historia de Misiones, Stella Maris “Marilú” Leverberg. Su deceso provocó manifestaciones de congoja desde prácticamente toda la provincia: el conductor de la renovación -espacio en el que militaba Leverberg- Carlos Rovira, le dedicó sentidas palabras, el gobernador Oscar Herrera Ahuad decretó dos días de duelo y el exgobernador, diputado provincial y docente de profesión, Hugo Passalacqua, la recordó como “una apasionada defensora de los derechos de la educación”.
Profunda tristeza Marilu, gran luchadora por el bien de los docentes y de los misioneros como persona, diputada nacional y dirigente gremial.
— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) January 4, 2020
Marilú Leverberg supo cimentar una carrera política que la llevó a ser diputada nacional y una voz escuchada en la mesa de toma de decisiones del gobierno provincial, especialmente en materia de educación, sin embargo siempre se definía como una dirigente sindical antes que política.
Inmensa tristeza por el fallecimiento de una hermana de la vida: Marilú. Nos queda recordarte firme en la lucha, solidaria, familiera, apasionada y comprometida en la defensa de los derechos de la educación toda. Estarás siempre en mi corazon y en el de cada docente.
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) January 4, 2020
De perfil más dialoguista que combativo, tenía una habilidad innata para saber hasta qué punto se podía estirar la cuerda en una mesa de negociación. Siempre estuvo convencida que la peor paritaria era la que demoraba más de la cuenta y que dejar a los chicos sin clases era una medida que se justificaba solo ante casos extremos.
Durante su gestión al frente o manejando tras bambalinas la UDPM, consiguió consolidar a ese gremio como el más representativo del sector docente y dotarlo de una infraestructura importante al servicio de sus afiliados. La apertura de salones reacreativos, piletas y lodges a lo largo de la provincia fue una marca de su gestión.
Sin embargo su legado más importante no está en las piletas, ni en los edificios que llevan el cartel de la UDPM en la puerta, sino en la mejora objetiva y mensurable en las condiciones laborales de los docentes que supo negociar con las autoridades provinciales y en los aportes concretos que hizo a favor de la educación, empezando por garantizar durante 15 años el inicio en tiempo y forma del período lectivo en las escuelas misioneras y por colaborar siempre para el cumplimiento de la cantidad estipulada de días de clases.
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