Análisis semanal: País en emergencia bajo la ley de la manta corta y la relación de Misiones con Alberto Fernández

Apenas 72 horas le llevó al oficialismo nacional convertir en ley el proyecto que había diseñado para garantizarse la gobernabilidad al menos durante el primer semestre del año próximo. Apoyado en la innegable catástrofe social y económica en la que recibió el país, Alberto Fernández consiguió que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias al Ejecutivo para distribuir recursos con un grado mayor de discrecionalidad en las áreas económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

 

El mismo paquete incluyó una reforma fiscal que desde el oficialismo califican como solidaria, pero que desde otros sectores interpretan como un liso y llano impuestazo. Dejando de lado eufemismos, la ley aprobada en las primeras horas del sábado y los anuncios anteriores formulados por el Presidente y su equipo dejan en evidencia la voluntad de asistir a los sectores más golpeados por la crisis sin alejarse demasiado del camino de la disciplina fiscal ni hacer explotar la maquinita de imprimir billetes.

 

En ese contexto impera la lógica de la manta corta: para calentar a los que están a punto de congelarse se destapa a otros que están pasando menos frío.

 

Bajo esa lógica se explica la suspensión por seis meses de la movilidad jubilatoria en el mismo acto en el que se anuncian ayudas extraordinarias para los pasivos que cobran la mínima. La buena noticia es el pago de dos bonos en diciembre y enero que elevarán el piso de los haberes a poco más de 19 mil pesos en esos dos meses, lo que tendrá un impacto considerable entre los que cobran la mínima que desde noviembre es de 14 mil pesos.

 

Ambas medidas dividen aguas entre los jubilados: los que a duras penas sobreviven con menos de 19 mil pesos mensuales recibirán un paliativo cuya urgencia nadie puede discutir, pero para todos los demás se abre un panorama de incertidumbre.

 

La fórmula de actualización modificada en 2017 en medio de una batalla campal garantizaba a todos los pasivos un incremento de 11,4% en marzo y otro de aproximadamente 15% en junio, ambos producto de la variación de la inflación y de la Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) durante el segundo semestre del año en curso.

 

La emergencia aprobada el sábado les quitó esa certeza a los jubilados, que a cambio recibieron la promesa vía Twitter del presidente que anticipó que mientras estuviera suspendida la fórmula de actualización automática, aumentaría las jubilaciones trimestralmente por decreto, aunque no aclaró si esos incrementos equipararían los que estaban previstos antes de la emergencia.

 

Eso llevó a opositores a interpretar que el presidente no estaría “sacándole plata a los bancos para dársela a los jubilados” como había prometido durante su campaña, sino que estaría “redistribuyendo pobreza” entre los mismos jubilados.

 

Para saber en qué medida es cierta esa acusación, habrá que esperar hasta finales de marzo cuando se conocería el número del primero de los aumentos trimestrales dispuestos por decreto.

 

Algunos analistas advirtieron que si los incrementos en los haberes dispuestos discrecionalmente por el presidente no llegan a equiparar a los que estaban previstos bajo la vigencia de la fórmula de actualización automática, se podría disparar una nueva ola de juicios en tanto se estaría afectando un derecho adquirido de los jubilados.

 

La suerte de los jubilados quedó atada a otra modificación que generó polémica: la inclusión de un impuesto de 30% sobre la adquisición de moneda extranjera y las compras con tarjeta en el exterior, en tanto dos terceras partes de lo recaudado por esa vía se destinará a la caja de Anses.

 

La medida tiene fines recaudatorios pero también busca achicar la salida de dólares para turismo y atesoramiento. En la combinación del desdoblamiento cambiario con la continuidad del estricto cepo que impuso el expresidente Macri al final de su mandato, el nuevo Gobierno busca la receta para evitar la salida de los dólares que necesita para cumplir con los abultados compromisos de pago que enfrentará en los próximos años.

 

Con el impuesto del 30%, el dólar para turismo y atesoramiento escalará por encima de los 80 pesos, cotización piso para el mercado paralelo de divisas que seguirá con buena salud gracias a la continuidad del cepo. Eso quiere decir también que los extranjeros que lleguen al país podrán cambiar sus billetes a un precio conveniente, algo que genera expectativas en el turismo receptivo y el comercio de frontera de Misiones.

 

Se excluyó del impuesto a servicios de transporte internacional que se paguen en pesos, como los que unen Posadas con Encarnación o Iguazú con Foz.

 

La bonanza no se extenderá a los exportadores, obligados a liquidar a tipo de cambio oficial menos retenciones. Desde ese sector también hay temor por un posible atraso cambiario que podría generarse si el Gobierno se vale del cepo y el desdoblamiento como anclas para contener al dólar en un contexto de alta inflación.

 

El sector agroexportador fue otro de los llamados a colaborar “solidariamente”. El techo de retenciones aumentará de 30% a 33% para la soja y para trigo y maíz pasará de 12% a 15%, aunque existirán compensaciones para pequeños productores y cooperativistas.

 

Las exportaciones de Misiones quedaron con el mismo régimen que tenían.

 

Sorpresivamente, entre los ganadores de la redistribución diseñada por el Gobierno se encuentran las mineras y las hidrocarburíferas, en tanto la alícuota máxima de derechos a la exportación aplicable a esas actividades bajaron de 12% a 8%.

 

Siguiendo el principio de sacarle a los que más tienen, la ley aumenta en forma progresiva el impuesto a Bienes Personales, especialmente sobre los bienes radicados en el exterior. Se anticipa que habrá beneficios para quienes repatríen sus bienes.

 

La ley también habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020”.A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.

 

Otro aumento de la carga impositiva llegará por vía de la suspensión de la rebaja en los aportes patronales prevista a partir del año próximo. Los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales, mientras que el resto del sector privado pagará 18%. Además, ese límite que separa ambas categorías dejará de actualizarse con la inflación y quedará congelado en 48 millones anuales, lo que progresivamente irá haciendo desaparecer a la categoría más baja.

 

El eje Nación – Misiones

 

Mientras preparaba el terreno para avanzar en el tratamiento legislativo de la emergencia sancionada el sábado, el presidente Fernández se ocupó de estrechar relaciones con las provincias, especialmente con aquellas que considera aliadas. Misiones tuvo protagonismo destacado, el gobernador Herrera Ahuad se reunió en Buenos Aires con el presidente y varios integrantes de su Gabinete. En dicha reunión el propio Fernández le habría reconocido al misionero el derecho de la provincia de elegir al próximo director argentino de Yacyretá.

 

Durante la reunión, Herrera Ahuad avanzó en gestiones para recuperar proyectos de obra pública que fueron interrumpidos por falta de financiamiento nacional, especialmente rutas, redes de tendido eléctrico y planes de vivienda. También planteó la necesidad de compensar a Misiones por la desventajosa coparticipación que recibe y la imposibilidad de acceder a redes de gas natural.

 

En ese marco, el gobernador anticipó el acompañamiento de acompañamiento de los diputados nacionales por Misiones en el tratamiento de legislativo de los proyectos que envíe el Ejecutivo nacional con el objetivo de reactivar la economía y brindar alivio a los sectores más golpeados de la sociedad.

 

Industria del conocimiento

 

Misiones hace punta en la inteligencia artificial aplicada. Albergará la primera fábrica de sensores IoT de la Argentina gracias a un convenio celebrado entre el gobierno de la provincia y la empresa tecnológica SmartCultiva que permitirá que se ensamblen los sensores en el Parque Industrial de Posadas y se prevé que en julio del año que viene salgan los primeros productos de la línea de ensamblaje.

 

Tendrá por finalidad cubrir las demandas educativas en el área de robótica y tecnología; generar empleo local capacitado en alta tecnología; y comercializar la producción en los ámbitos nacional e internacional.

 

IoT es la sigla con la que se conoce a la “Internet de las cosas”. Los sensores IoT recopilan información del ambiente como temperatura, humedad, presión, vibración, sonido y están integrados en un nodo que tiene la capacidad de transmitir esa información a través de Internet. Estos sistemas permiten monitorear u operar máquinas a distancia a través de dispositivos que puedan conectarse a la red, como teléfonos o notebooks.

 

El convenio que permitirá la llegada de la moderna fábrica fue rubricado por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad; el Ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff; el legislador Lucas Romero, en representación del Polo TIC Misiones; el presidente de Marandu Comunicaciones, Marcelo Rodríguez; y el representante de SmartCultiva,  Martin Bueno.

 

Herrera Ahuad destacó la audacia, inteligencia y pensamiento estadista del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, “que con visión clara de futuro pensó esto, allá por el 2001. Que 18 años después una provincia pequeña, humilde y periférica como Misiones tendría la oportunidad de revolucionar a la Argentina en materia de innovación y tecnología”.

 

“Esto se da cuando a la política se la piensa de esta manera, estratégica, con proyección,  sabiendo que todo lo que se desarrolle  va a formar parte de un beneficio, no personal sino para toda la humanidad”, aseguró.

 

Porvenir para la ganadería

 

Sobre el final de la semana, Herrera Ahuad presentó ante representantes de casi todas las asociaciones ganaderas de Misiones un proyecto en el que la Provincia venía trabajando desde mayo y que ya está en funcionamiento: la Ganadera El Porvenir. Se trata de una empresa con participación mayoritaria del Estado creada para generar una solución concreta a un falencia que desde todas las asociaciones de productores venían advirtiendo desde hace años, la constante salida de ganado criado en Misiones para su engorde y faena en otras provincias.

 

Para revertir esa realidad que conspira contra la rentabilidad de la ganadería en Misiones, El Porvenir arrienda la estructura montada por la empresa Hreñuk SA en Fachinal, donde tiene un feed lot o engorde a corral, plantaciones y silos para alimentación de los animales y un frigorífico que cuenta con habilitaciones que permiten incluso faenar carne para exportarla a los mercados más exigentes en materia de exigencias sanitarias.

 

La estructura tiene capacidad para albergar a 20 mil cabezas de ganado lo que permite sacar  un promedio de 7.000 animales por mes, teniendo en cuenta que el ciclo de engorde dura tres meses.

 

Herrera Ahuad remarcó que el desafío para el Gobierno es revertir una historia reciente que estuvo marcada por políticas poco eficientes para el desarrollo de la ganadería misionera. “La inversión en materia de programas en Misiones fue enorme y el resultado fue nefasto. En vez de mejorar fuimos para atrás”, reconoció y agregó que si hoy la ganadería se sostiene en la provincia es gracias “al enorme esfuerzo de las asociaciones” de productores.

 

Explicó que la política ganadera que pretende impulsar la Provincia buscará generar mayor escala de producción y advirtió que no permitirá que distintos organismos desarrollen políticas separadas, en alusión al ministerio del Agro y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI). “Los dos espacios trabajarán en un solo plan, no va a haber dos. Habrá diferentes financiadores pero el plan será uno solo”, reiteró.

 

La trazabilidad será otro eje de la política que pretende desarrollar Herrera Ahuad. “Vamos asignar los recursos, vamos a controlar y a evaluar resultados”, dijo.

 

Se trata de un proyecto que tiene potencial para cambiar la matriz económica de Misiones y convertirla definitivamente en una provincia ganadera.

 

 

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