Dos modelos que estallan

La sangre derramada en las calles de Chile y de Bolivia marcó el final de los últimos dos exponentes que quedaban en Lationamérica de un pasado de gobiernos con alto respaldo popular, instituciones relativamente sólidas y economías pujantes. Los mejores de ambos lados de la grieta, los que demostraron mayor eficacia a la hora de llevar a la práctica las recetas de la ortodoxia capitalista y la heterodoxia antiimperialistas también fueron alcanzados por el fin de los súper precios de las commodities que indefectiblemente marcan el pulso en la región. Cayeron en crisis al mismo tiempo y reeditando tristes épocas setentistas, la decisión de quién sigue en el poder y quién termina en el exilio quedó en manos de las fuerzas militares, para suerte de Piñera y desgracia de Morales.

 

En Bolivia el descontento de buena parte de la población con un régimen político cuya aversión a la alternancia lo acercó peligrosamente al fraude electoral coincidió con los intereses de una histórica clase dominante blanca y católica que había quedado postergada por el régimen, eminentemente indígena y plebeyo, de Evo Morales. Esa coincidencia dio forma a un golpe de Estado a la vieja usanza, al que no le faltó siquiera el apoyo explícito de Estados Unidos.

 

El renunciado presidente boliviano supo hacer crecer el PIB de su país a un promedio de 4,9% anual en los últimos 14 años, mientras el resto de la región atravesaba altibajos con más bajos que altos, pero cometió el error político del personalismo. No ayudó a construir otros liderazgos dentro de su espacio y terminó torciendo la letra de la constitución para continuar en la competencia por la presidencia.

 

Un escrutinio provisorio poblado de irregularidades que fue cuestionado por la OEA –donde la voluntad de Estados Unidos tiene espacio preferencial- terminó configurando un escenario cuyos alcances fueron mejor interpretados por la oposición golpista que por el entonces presidente.

 

La calle estuvo dividida entre manifestaciones en contra y favor de Morales, la policía y las fuerzas armadas terminaron desempatando a favor de la antigua clase dominante. Acorralado por la sistemática persecución militar que alcanzaba a sus funcionarios y militantes y sin que aparecieran en su defensa las supuestas milicias aymara ni los peligrosos comandos cubano-venezolanos que llenaron las páginas de los medios hegemónicos argentinos, Morales fue obligado a renunciar a pesar de que había accedido a convocar a nuevas elecciones.

 

Ante un Congreso semivacío la entonces vicepresidente segunda  del senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta. En una escena propia del Medio Oriente teocrático, una “presidente” a la que nadie votó entró al Palacio Quemado agitando un libro sagrado y recibió la banda presidencial de manos de un militar que merodeaba el lugar.

 

 

El paso siguiente fue literalmente expulsar a la presa extranjera del país bajo una insólita acusación de sedición y reprimir brutalmente las manifestaciones en respaldo al presidente depuesto que se sucedieron en la zona de El Alto, con un saldo de cinco muertos hasta el sábado.

 

Consumado el golpe, se desató la puja en el terreno simbólico. El presidente electo de Argentina Alberto Fernández salió rápidamente a marcar la cancha y condenó lo que consideró un golpe de Estado, mientras que su par norteamericano Donald Trump elogió a los militares bolivianos por “proteger la Constitución”. El gobierno de Macri se limitó a condenar la violencia, pero su Canciller Jorge Faurie dejó en claro que no consideraba que se hubiera producido un golpe, lo que para muchos implicó la ruptura con la tradición de defensa de la democracia iniciada en 1983.

 

Fernández fue un poco más allá y en una declaración que podría terminar con la incipiente relación cordial que inició con el llamado en el que Trump le prometió al presidente electo su apoyo en las negociaciones de Argentina con el FMI, lamentó que Estados Unidos haya vuelto “a las peores épocas de los años setenta, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente”.

 

Entre las diferentes lecturas que generó lo ocurrido en Bolivia, esta columna se queda con la aportada por la exCanciller de Macri, Susana Malcorra –una eminencia a quien nadie podrá atribuir simpatías ideológicas con Morales- quien consideró que en el país trasandino se cumplieron las tres condiciones necesarias para que se produzca un golpe de Estado: se interrumpió un mandato vigente de un presidente elegido democráticamente, dicha interrupción no estuvo avalada por el Parlamento y las Fuerzas Armadas tuvieron un protagonismo central en todo el proceso.

 

En Chile también hubo definiciones. Después de casi un mes de protestas, enfrentamientos, destrozos y de contar 23 cadáveres, miles de heridos y otros tantos detenidos, la clase política de ese país finalmente accedió a convocar a un plebiscito para modificar la Constitución pinochetista. Con el acuerdo de las principales fuerzas políticas, se resolvió convocar a una consulta que se realizará en abril próximo, en coincidencia con elecciones municipales y regionales. Se preguntará a los ciudadanos si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución.

 

Podrán elegir entre una “convención mixta”, compuesta en partes iguales por parlamentarios y ciudadanos electos para la ocasión o una “convención constitucional” integrada exclusivamente por personas elegidas a ese efecto.

 

El anuncio responde a uno de los reclamos expresados en las calles ensangrentadas de Santiago pero no fue suficiente para detener las manifestaciones en contra del gobierno de Piñera que se sostiene porque, a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, mantiene la fidelidad de las Fuerzas Armadas y las manifestaciones en su contra son más bien inorgánicas y no están respaldadas por grupos políticos con intenciones reales de ocupar el poder.

 

Mala noticia para Alberto

 

El golpe de Bolivia representa un revés para las aspiraciones de Alberto Fernández de ejercer influencia en la región. Porque el Grupo de Puebla pierde a uno de los pocos presidentes que tenía y corre el riesgo de convertirse en una ONG de dirigentes amigos en vez de un club de mandatarios.

 

Además, como ya se mencionó, Bolivia abrió una grieta en la endeble relación con Estados Unidos de la que depende en buena medida la renegociación de la deuda con el FMI necesaria para que Argentina no vuelva a caer en default. Según el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el año próximo el país deberá enfrentar vencimientos de deuda equivalentes al 9% de su PBI y lo deberá hacer con todas las ventanillas cerradas en los mercados de crédito voluntario. A Alberto le tocará pagar la factura del, en palabras del integrante estrella del mejor equipo de los últimos 50 años, Federico Sturzenegger, “sorprendente fracaso económico de Macri” y no está claro de dónde sacará el dinero.

 

Pero además hay una cuestión simbólica que podría pesar en la negociación con el FMI. Así como la crisis en Chile le aportaba al gobierno de Fernández un ejemplo práctico para demostrarle al Fondo Monetario que las políticas de ajuste del gasto público que pregona este organismo provocan inestabilidad política incluso en países bien administrados y con solvencia técnica en sus clases dirigenciales, la caída del gobierno de Evo Morales brinda un contraejemplo que señala que una administración igualmente eficiente pero con un fuerte componente de redistribución de la riqueza, tampoco está exenta de inestabilidad política.

 

Barranca abajo

 

En Argentina la economía doméstica sigue mostrando los indicadores negativos que caracterizaron los últimos dos años de gobierno de Macri. La inflación de octubre fue de 3,3%, bastante menos que los 5,9% registrados en septiembre, pero muchísimo medido bajo cualquier estándar. Los analistas atribuyen la baja de octubre al combo electoral pergeñado por el Gobierno nacional que combinó reducción de impuestos y descomunales ventas de dólares para sostener el valor peso.

 

Para el mes en curso, los analistas esperan que se vuelva a acelerar la suba de precios por los aumentos registrados en los combustibles y la remarcación preventiva que aplicaron los formadores de precios del rubro alimentos con intenciones de anticiparse al acuerdo de precios declamado por el presidente electo durante su campaña.

 

El tabaco en su laberinto

 

En Misiones los cortes de ruta por parte de productores tabacaleros volvieron a ser noticia durante prácticamente toda la semana. Como viene ocurriendo desde hace un par de años, la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) aumentó muy por debajo de la inflación y eso se notó en los bolsillos de los productores.

 

La baja en términos reales de lo recaudado por el FET se explica por dos motivos: cayó el consumo de cigarrillos “legales”, en buena medida porque aumentó el de cigarrillos que ingresan de manera ilegal al país y no tributan impuestos, y las cigarrilleras más pequeñas se favorecieron con fallos judiciales que les permitieron dejar de pagar los tributos que alimentan al fondo tabacalero.

 

Este año además hubo una demora en el pago de la tercera vuelta del retorno, que tradicionalmente se deposita antes de la Caja Verde, pero que este año a causa de cuestionamientos de los productores jujeños se pagará recién en diciembre. Eso hizo que muchos productores llegaran a noviembre con los bolsillos vacíos.

 

Otro elemento que provocó la ira de los tabacaleros fue un rumor difundido con ánimo desestabilizador según el cual la Caja Verde alcanzaría los 37 pesos por kilo entregado, algo que estaba fuera de toda lógica. Cuando finalmente se anunció que el pago sería de 19 pesos por kilo, la desazón llevó a los colonos a la ruta.

 

El Gobierno provincial hizo un aporte considerable para descomprimir la situación al anunciar que pondría 200 millones de sus propios recursos para agregarle 6 pesos más al pago de 19 pesos de la Caja Verde, pero la oferta lo alcanzó para que los manifestantes liberaran la ruta.

 

Las gestiones siguieron y se consiguió que la Nación adelantara una semana el pago de la Caja Verde, que se pagó el viernes junto con los 200 millones aportados por la Provincia. Además se confirmó para el 15 de diciembre el pago de la postergada tercera vuelta del retorno que aportará otros 10,44 pesos por kilo de tabaco entregado y se gestionarán otros dos complementos de precio, de 6 y 7 pesos pagaderos el primero en enero y el segundo antes del inicio del acopio.

 

Con el conflicto resuelto, el gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad, anticipó que propiciará una revisión en la manera en que se distribuyen los recursos del FET y que la Provincia tendrá una participación más activa para garantizar que la distribución sea equitativa.

 

La intrincada ingeniería financiera pergeñada por el Gobierno provincial alcanzó para resolver la situación de los tabacaleros al menos hasta el próximo acopio, pero queda sin resolverse la cuestión de fondo que tiene que ver con el desafío que representa para una provincia tabacalera la progresiva reducción del consumo de ese producto que se registra en todo el mundo y que se sostendrá en el largo plazo.

 

Pese a los millones invertidos, los numerosos planes de diversificación ensayados en los últimos veinte años con mayor o menor éxito no fueron efectivos para brindarle a los 15 mil productores que cultivan tabaco en Misiones una alternativa que les permita obtener una rentabilidad similar en las mismas parcelas de terreno.

 

Como atenuante vale decir que en el mundo no sobran casos de éxito de reconversión productiva de productores minifundistas y los que hay involucran la introducción intensiva de tecnología y capacitación.

 

Hasta el último día

 

El gobernador Hugo Passalacqua volvió a dejar en claro a su equipo que su gestión termina el 10 de diciembre, ni un minuto antes. Mientras otros mandatarios salientes dejan cajas vacías a sus desafortunados sucesores, Passalacqua se dio el lujo de poder autorizar esta semana el desembolso ya referido de 200 millones de pesos para complementar los ingresos de los tabacaleros sin que ese importante gasto imprevisto haya desestabilizado las finanzas provinciales en el corto plazo.  

 

Esa solvencia fiscal permitió al Gobernador anunciar que la Provincia adelantará con fondos propios el pago del Fonid a docentes misioneros, además puso en funcionamiento el primer centro gratuito de contención para niños prematuros y encabezó la inauguración del Palacio de Justicia de Oberá. Todas iniciativas que implicaron inversiones provinciales.

 

Sobre el final de la semana, reunió a los 76 intendentes en San Ignacio para coordinar tareas tendientes a que los beneficios previstos en la ley de Emergencia Alimentaria lleguen a todos los municipios en el menor tiempo posible.

 

Mientras en la escena nacional la transición de gobierno se parece bastante al traspaso de una enorme papa hirviente que nadie sabe muy bien cómo agarrar, en Misiones la intención del gobernador en funciones es dejarle la casa en el más completo orden a su sucesor, que encontrará las mejores condiciones para iniciar una gestión con su propia impronta.

 

A modo de somero balance de gestión, desde la Provincia destacan que Misiones se convirtió en la octava economía del país, forma parte del selecto grupo de cuatro jurisdicciones que no tomó deudas en los últimos cuatro años y también integra el aun más exclusivo club de dos que pagan los sueldos en tiempo y forma a sus empleados.

 

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