Propondrán una reforma en el Código Procesal Penal de Misiones para declarar “bien jurídico protegido de alto valor ambiental” a las especies amenazadas

Buscan elevar las sanciones por delitos ambientales. Este viernes formalizaron una iniciativa que surgió a partir de una investigación efectuada por la Universidad Católica de Santa Fe, a través de su Instituto de Derecho Ambiental, Forestal y Federal (IDAFF-UCSF); de manera conjunta con la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y la Cámara de Diputados de Misiones.

La propuesta se materializará a través de un proyecto de Ley que actualice, modifique o incorpore un capítulo al Código Procesal Penal, para establecer el tratamiento sobre los bienes de alto valor ambiental, como por ejemplo, los delitos ambientales contra el Yaguareté como una de las especies en peligro de extinción y Monumento Natural de Misiones y la Argentina.

“Desde el procedimiento, en caso de que se perjudique ese “bien jurídico”, y los  pasos a seguir por parte del juez”, explicó el diputado provincial Juan Pablo Ramírez, quien luego de participar como investigador desde su rol de docente, canalizó la iniciativa a través de un proyecto de la ley que presentará próximamente en la Cámara de Diputados.

“Tiene que ver con la protección de nuestros bienes de gran valor ambiental, que son todas las especies protegidas, y también con establecer estas reglas de manera más precisa, para lograr esta protección”, afirmó el legislador. Asimismo, “con el tema de excarcelación, ‘probation’, y las reglas para aplicar las medidas procesales penales”, agregó.

En tanto, la docente de la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en Derecho Ambiental y directora del instituto, Nancy Tognola, manifestó que buscan “perfeccionar” el marco jurídico en materia ambiental, el cual consideró que “es muy rico en la provincia, siempre va liderando, y con esta iniciativa se sumará en hacer más eficaz el derecho ambiental”.

Tognola sostuvo que hace diez años se encuentran trabajando en todo lo que es la problemática ambiental y forestal. “Desde esta articulación que se hizo, se llega a las conclusiones de la necesidad de incorporar un capítulo con reglas específicas, adecuándolo a los bienes de alto valor ambiental”, explicó a la prensa misionera.

“Es un trabajo muy responsable y comprometido, una vez más Misiones se va a posicionar como una de las provincias que tienen un marco jurídico adaptado a lo que la sociedad reclama acerca del cuidado del ambiente”, remarcó.

Las ONGs ambientales como querellantes

En la presentación de la iniciativa estuvo presente Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la FVSA, quien precisó que desde la ONG ambiental otorgaron un financiamiento para que se pudiera realizar este estudio y facilitaron “toda la información disponible para enriquecer la discusión sobre la mejor herramienta legal que podría  llegar a resolver la problemática”.

En este sentido, indicó que lo que resta pensar es cuál es la mejor forma y oportunidad de presentar este proyecto para que sea analizado y revisado. “Una vez que se presente, vamos a colaborar acercando a referentes temáticos para enriquecer la propuesta, y que se avance en la sanción de la reforma. Y una vez sancionada esta reforma del Código Procesal Penal, se logre incorporar en el día a día de la toma de decisiones de la justicia”.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com el directivo explicó que aún son muchos los vacíos legales en las causas de delitos ambientales, se reiteran los errores de instrumentación en las carátulas de las causas iniciadas ante delitos que se consideran excarcelables. “Con la iniciativa se propone fortalecer las herramientas jurídicas, y entre uno de los planteos es proponer la no excarcelación ante delitos sobre los bienes de alto valor ambiental, y que el juez de la causa pueda denegar a un imputado esta posibilidad, cuando existan elementos comprobados que permitan presumir que puede volver a atentar contra las especies naturales, considerada jurídicamente bienes de alto valor ambiental. También se establece para liberación una propuesta de que el imputado realice recomposición o reparación del ambiente dañado”, indicó Jaramillo.

En otro aspecto, habilitaría a las ONGs actuar como querellantes en las causas que afectan estos bienes de alto valor ambiental.

“Esto limitaría las posibilidades de excarcelación, daría un mayor status de protección y mitigación en las causas ambientales”.

El ejercicio académico de la universidad se basó en la revisión e identificación de dos caratulas de causas vigentes -de cinco solicitadas por la FVSA para su análisis-, una fue sobre un hecho en el año 2014 de “Alves Almeida Ángel sobre caza y transporte ilegal de animales de fauna silvestres, agravado por la portación de armas de fuego, sin la debida autorización legal, todo en concurso real”. La segunda causa revisada corresponde al expediente N° 123/12 dice la caratula: “Gdque. Víctor Zemunich eleva actuaciones”.

De esta forma, se expone que no hay una instrumentación adecuada al momento dar una caratula a la causa de daños ambientales, no hay un procedimiento ordenado, y no es un tema menor, ya que lleva a sean “expedientes perdidos” porque no reflejan la gravedad del delito ambiental en cuestión que se imputa.

Reforzar la protección ambiental

Desde la FVSA, en el marco del Proyecto de Conservación Yaguareté, vienen trabajando fuerte desde hace varios años en reducir la presión de la caza del yaguareté y de las presas, ya que cuando cazan a las presas que son parte de la cadena alimentaria, es cuando obligan a salir a buscar alimento fuera del hábitat, generando esto complicaciones, ya que ataca al ganado vacuno doméstico más cercano, por ejemplo.

“Se trabajó siempre en conjunto con Ecología, se desarrolló el Alerta Ciudadana, se destinaron inversiones para lograr reforzar equipamiento, insumos, y logística para que los guardaparques de la zona norte de la provincia puedan realizar las tareas de control y vigilancia, todo en forma articulada con el organismo provincial”, indicó Jaramillo.

Pero al tiempo, identificaron que era necesario hacer un seguimiento sobre los casos judiciales, una vez que los guardaparques realizaban actuaciones que implicaban incautación de cueros, de presas, armamentos, etcétera. “Por ello, convocamos al Instituto de Derecho Ambiental Forestal y Federal, a través de un convenio con la FVSA, y se inició un ejercicio académico en la que identificaron dos causas a ser analizadas en detalles y promover su avance, pero los grises legales y la detección de debilidades en su instrumentación del expediente hicieron que no se pudieran avanzar en una resolución de estas causas judiciales. En la búsqueda de una solución, la propuesta del instituto fue de trabajar en un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Misiones, en donde se busca incorporar esta figura de bien jurídico protegido de alto valor ambiental”, explicó Jaramillo.

“Será presentado próximamente al debate legislativo. Esperamos con ello obtener a futuro una mayor capacidad de sanción efectiva sobre las personas que infringen la legislación vigente o dañen estos bienes de valor ambiental para la selva misionera. Este paso está en consonancia con lo expresado oportunamente por el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, que también han solicitado que se eleven las sanciones para quienes infringen en delitos ambientales, ya que desde su visión afecta a todo la sociedad misionera, afecta al bien común, y esto es sumamente positivo para generar conciencia”, concluyó.

El directivo de la FVSA estuvo esta semana en Posadas, participando de una intensa agenda de actividades institucionales, entre ellas, fue uno de los conferencistas en las  “Primeras Jornadas Internacionales de Educación Ambiental y Espiritualidad Ecológica”, organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF, a través de su Instituto de Derecho Ambiental, Forestal y Federal y la Red de Educación Ambiental de Encarnación.

En ese espacio se abordaron temas relacionados a la educación ambiental desde las orientación de la espiritualidad, contenidas en la Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, y contaron con la presencia de Monseñor Lucio Adrián Ruiz, Secretario del Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede.

En tanto, Manuel Jaramillo disertó sobre el crecimiento, proyecciones y sus aportes a la educación ambiental desde la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que tiene una superficie de 195 mil hectáreas bajo gobernanza privada la protección y conservación de sitios de alto valor ambiental.

Por Patricia Escobar 

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