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La jueza Loretta Preska aplazó las fechas de presentación de argumentos por parte del Estado hasta un mes después del inicio del nuevo mandato presidencial.
La jueza de Nueva York Loretta Preska puso el stand by el juicio que un fondo de inversión realiza contra YPF y el Estado nacional hasta después de las elecciones presidenciales. El juzgado extendió los plazos de presentación de documentos para las dos partes “hasta que haya una idea clara de qué administración va a hablar en nombre del país”.
De acuerdo a un escrito difundido este martes por la tarde, el tribunal donde se desarrollaba la demanda por la expropiación de la mayoría accionaria de la petrolera comunicó nuevas fechas para que los fondos litigantes Burford -que compró los derechos de juicio de Petersen- y Eton Park y la defensa argentina presenten sus argumentos ante la corte.
Los fondos de inversión tendrán hasta el 7 de diciembre mientras que la contraparte argentina contará como fecha límite el 7 de enero. Según el breve documento firmado por Preska, esta determinación responde a la cercanía de las elecciones presidenciales y la posibilidad de que exista un cambio de signo político en el Poder Ejecutivo.
“A la luz de la proximidad de las elecciones en la República Argentina, el tribunal aplaza las fechas de presentación de argumentos hasta que haya una idea clara de qué administración va a hablar en nombre del país”, explicó la magistrada de primera instancia.
La nueva fecha para la presentación de los documentos de la defensa argentina tendrá lugar, entonces, casi un mes después de que se haya iniciado el nuevo mandato presidencial. La postura del Estado nacional, en las últimas semanas, fue la de desestimar a la justicia neoyorquina como sede de la demanda.
Hace poco más de un mes el fondo Burford fue acusado de haber incurrido en “fraude contable” hacia sus inversores por haber realizado un cálculo erróneo sobre la ganancia potencial del juicio contra YPF.
La agencia estadounidense Muddy Waters aseguró en un reporte que el retorno sobre el capital invertido en el litigio contra la petrolera es del 426%, en lugar de 3278% estimado ante sus acreedores. La compañía señaló en ese sentido que Burford “escondió” los costos del juicio, uno de los cuatro más emblemáticos de su cartera, y que incluso repitió ese procedimiento en otros tres procesos similares.
La difusión de ese informe -que hizo desplomar las acciones de Burford en la bolsa de Londres- agregó un nuevo argumento a la postura argentina en el juicio. Tal como reflejó TN.com.ar, la posibilidad de incorporar como argumento el informe de Muddy Waters “está siendo analizado por los abogados en New York y Madrid”.
La línea de defensa principal del Estado se tramita en paralelo en un tribunal español: el Gobierno busca demostrar que la compra de los derechos del litigio fue “ilegal” porque el ingreso a YPF de Petersen -que inició el juicio por la expropiación- habría sido “fraudulento”.
(Fuente: Infobae)
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