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Los bajos salarios perjudican la acción judicial, son una “remoción indirecta” y afectan “necesidades mínimas”.
Un fondo compensador para las provincias cuyos jueces supremos cobran sueldos por debajo de la media salarial, fue planteado por la JUFEJUS que agrupa a todas las cortes supremas y cuyo vicepresidente es el magistrado misionero Jorge “Kiko” Rojas. El planteo se apoya en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que planteó que “salarios dignos” para los jueces es uno de los sostenes de la división de poderes.
Los jueces supremos provinciales y porteños piden ese salario, porque consideran -como la Suprema Corte- que los bajos sueldos son “una remoción indirecta”. Agregan que la crisis salarial ya compromete las “necesidades mínimas” de la Justicia.
La Junta Federal de Cortes se lo comunicó al presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza. El titular de FAM mencionó la situación “permanente, conocida y compartida por las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, como cabezas de poder, en relación a las diferencias salariales”.
La Comisión Directiva, que integra Rojas, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, sesionó este viernes en Rosario.
Como cabezas del poder judicial distritales aseguran que “las diferencias salariales entre las distintas provincias que en algunos casos ya comprometen ampliamente la cobertura de las necesidades mínimas para el ejercicio de la Magistratura y las actividades de funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales”.
La posición de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) se basó en loas fallos de la Corte Suprema 329:385.
En ese fallo, los votos de Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni indican: “La división de poderes es un principio que debe ser asegurado en toda la Nación y ello implica que los jueces tengan ingresos dignos, para que los mejores hombres y mujeres sean los que sientan interés en servir a la justicia y a los ciudadanos”.
“Una compensación indigna o demasiado alejada de los promedios nacionales alejara a los jueces de sus cargos y consagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente inadmisible en un estado de derecho”, sostuvieron Lorenzetti y Zaffaroni.
El presidente de la FAM, Ariel Ariza, aseguró que las “diferencias salariales entre las distintas provincias que en algunos casos ya comprometen ampliamente la cobertura de las necesidades mínimas para el ejercicio de la Magistratura y las actividades de funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales”.
La propuesta de JUFEJUS fue la creación de un fondo compensador para las provincias que estén bajo la media salarial. La declaración fue remitida a la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y a los medios, con la firma de María del Carmen Battaini, presidente de JU.FE.JUS.
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