El estallido en Venezuela y la confirmación de la decadencia de la economía argentina con datos estadísticos frescos acapararon la atención de los medios nacionales. En materia de política, el interés está puesto en el raid electoral 2019 que iniciará mañana domingo con el plebiscito de La Rioja y seguirá en febrero con las PASO de La Pampa. Con la imagen del Gobierno nacional debilitada y ante la falta de un candidato opositor que genere adhesiones, tanto los gobernadores de Cambiemos cuanto los de otras fuerzas eligen despegarse de la elección nacional, lo que dejó un calendario con 15 domingos de elecciones, número que seguramente se incrementará cuando las provincias que todavía no lo hicieron definan fecha.

 

En la provincia las buenas noticias las siguen generando las medidas que logra poner en marcha el Gobierno provincial con fondos propios para amortiguar el impacto del severo ajuste que impone el Gobierno nacional y el turismo, uno de los pocos sectores que consigue resultados positivos en el duro contexto actual.

 

Venezuela, una herida abierta y un aviso preocupante

 

Las imágenes de sangre y fuego que llegan desde Caracas son el resultado de llevar al extremo la lógica del enfrentamiento entre facciones como única manera de entender la confrontación política y de un desdén muy marcado por conservar las instituciones de la democracia. La profunda crisis que viene arrastrando el país caribeño debería servir de escarmiento para quienes siguen apostando a profundizar la grieta –a ambos lados de la zanja- con el mezquino interés de mejorar sus posibilidades electorales.

 

Para entender mejor lo que pasa en Venezuela lo primero es alejarse de las interpretaciones maniqueas que ofrecen desde ambas facciones en pugna. Lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al autoproclamarse presidente se parece bastante a un golpe de Estado y el rapidísimo reconocimiento del Gobierno de Donald Trump dejó pocas dudas respecto a la injerencia estadounidense en todo el proceso. Sin embargo, calificar como democracia al régimen de Maduro es bastante aventurado.

 

El quid de la cuestión pasa por la legitimidad de las elecciones realizadas en mayo del año pasado. Vastos sectores de la población venezolana, todo el arco opositor y varios países, no reconocen la validez de los comicios que llevaron a Maduro a ser reelecto por un nuevo período de seis años a partir del 10 de enero último. Apoyado en esos cuestionamientos, Guaidó consideró que la presidencia estaba vacante y, de acuerdo a lo que manda la Constitución en esos casos, asumió la presidencia de manera interina y provisional bajo la condición de convocar a nuevas elecciones en un plazo perentorio.

 

Previsiblemente, Maduro y sus partidarios, incluidas las fuerzas armadas, entendieron que no había motivo para que Guaidó –a quien nunca nadie votó para que fuera presidente- asumiera, ni para volver a convocar a elecciones hasta 2025 y denuncian un golpe es Estado instado por Estados Unidos, cuyos intereses por garantizarse la provisión de petróleo venezolano son evidentes.

 

Por otro lado, más allá de que Maduro presuma ser un presidente elegido democráticamente, las elecciones de 2018 fueron las más cuestionables para un régimen bolivariano al que hasta entonces podían achacarse un sinnúmero de déficits institucionales, pero no la ausencia de elecciones libres, competitivas  y bajo la estricta supervisión de organismos internacionales. Incluso podría decirse que las conductas antidemocráticas pasaban más por una oposición que se negaba sistemáticamente a reconocer los resultados de las urnas.

 

El punto de inflexión se dio en 2015, cuando la oposición finalmente se alzó con un triunfo electoral en las legislativas. Los antichavistas consiguieron una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional  y en un gesto de neto corte antidemocrático anunciaron con total soltura que harían todo lo posible por anticipar la salida de Maduro, que había ganado su mandato como vice de Hugo Chávez en las elecciones de 2013, cuya legitimidad fue reconocida incluso por los veedores estadounidenses.

 

La respuesta del régimen de Maduro al revés electoral tampoco estuvo muy apegada a los principios democráticos: denunció irregularidades –a pesar de que controló todo el proceso- y aprovechó una de las últimas sesiones antes de que asumiera la nueva mayoría legislativa para renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el nombramiento de 13 jueces titulares y 21 suplentes, todos leales a Maduro. Ese nuevo TSJ posteriormente hizo lugar a una de las denuncias presentadas por el chavismo, ordenó repetir las elecciones en uno de los estados en los que la oposición había obtenido una victoria aplastante y dictaminó que no se tomara juramento a los diputados electos en ese distrito.

 

La Asamblea Nacional, ya con mayoría opositora, no acató la orden del TSJ que entonces declaró a la Asamblea en desacato y absorbió sus funciones. El autogolpe resultó demasiado evidente y el Supremo de Justicia debió retroceder.

 

La puja de poder se trasladó a las calles que por entonces se llenaron de violentas manifestaciones reprimidas con saña por fuerzas militares y paramilitares.

 

En un intento por neutralizar a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, Maduro convocó en 2017 a elecciones para la Asamblea Constituyente bajo un amañado sistema sectorial-representativo en el que parte de los constituyentes fueron elegidos por su pertenencia a un determinado sector de la sociedad (trabajadores, campesinos, etc.). El sistema era un traje a medida del oficialismo y el grueso de la oposición optó por no presentarse lo que derivó en un aplastante triunfo del chavismo.

 

Entonces la Asamblea Constituyente en lugar de abocarse a redactar una nueva constitución, literalmente absorbió las funciones de la Asamblea Nacional.

 

Cuando la popularidad de Maduro parecía estar en su nivel más bajo, el Gobierno convocó a una postergadas elecciones de gobernadores. La oposición presentó sus candidatos y la prensa internacional anticipaba un duro golpe para el régimen, sin embargo el oficialismo arrasó y se quedó con 18 de las 23 gobernaciones. Como de costumbre, los perdedores denunciaron fraude, pero nunca pudieron reunir pruebas.

 

Envalentonado por la victoria, Maduro se apuró para convocar a las presidenciales, a pesar de que faltaba un año para la finalización de su mandato. El 7 de febrero Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones para el 22 de abril e impuso una serie de trabas burocráticas a la oposición. Hubo protestas y la fecha se corrió hasta el 20 de mayo.

 

No conforme con encarcelar o proscribir a los principales referentes opositores (Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Freddy Guevara, entre otros) el régimen de Maduro, a través de la Asamblea Constituyente, le quitó la personería jurídica a todos los partidos que no habían participado de las últimas elecciones municipales e impuso la condición a todos los frentes de presentar una cantidad de firmas equivalente al 5% del padrón, una proeza que debía ser concretada en pocas semanas. Fuera de carrera quedaron Voluntad Popular, Primero Justicia y la Mesa de Unidad Democrática, la alianza vencedora en las legislativas de 2015.

 

Con la única competencia de Henri Falcón y la del pastor evangélico Javier Bertucci, dos candidatos menores, Maduro ganó por amplio margen en unas elecciones cuyo porcentaje de participación se discute hasta ahora.

 

Con las fuerzas de la sociedad dividas en dos bandos que sistemáticamente desconocen los resultados electorales y cuyo principal objetivo es la destrucción del oponente. Con un gobierno que apela a la proscripción y la persecución política y una oposición que desde que asumió Hugo Chávez da muestras de una voluntad descaradamente destituyente.

 

Con pobres muy pobres que nunca tuvieron nada y agracen a la revolución bolivariana poder acceder a un puñado de productos básicos aunque ello les cueste tres horas de cola y una clase media indignada porque solamente pueden acceder a una canasta de productos básicos y encima tienen que hacer tres horas de cola.

 

Con eso y mucho más Venezuela es el resultado de la confrontación constante, el lugar al que llega la política cuando prescinde del diálogo, de la búsqueda de consensos y pierde el interés por sostener las instituciones de la democracia. Es el fondo al que se llega cuando se apuesta a profundizar la grieta.

 

En picada

 

La magnitud de la caída de la economía argentina no deja lugar a lecturas optimistas. Durante la semana el INDEC difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a noviembre que mostró un retroceso de 7,5% interanual y de 2,3% en términos desestacionalizados respecto a octubre. Se trata de la caída más profunda de la actividad económica desde diciembre de 2008. En consecuencia, acumula en once meses una contracción de 2,2% interanual, muy lejos del crecimiento de 3 puntos que pronosticaba el equipo económico de Macri a principios de año.

 

Desde varias consultoras privadas atribuyeron la abultada caída de la actividad registrada en noviembre a que tras el escenario de incertidumbre de los meses anteriores, las empresas comenzaron a ajustar su producción al nuevo escenario económico signado por una caída del consumo que se estima se extenderá hasta bien entrado el año en curso.

 

La interpretación de los analistas cuadra con las razones que –por ejemplo- esgrimió la empresa Dass Eldorado para justificar los despidos de fin del año pasado o las que dieron otras empresas radicadas en distintos puntos del país para explicar cesantías y cierre de plantas.

 

Ecolatina proyecta que 2018 cerrará con una caída de la actividad cercana a 2,5%. “Si bien hasta octubre pasado la recesión económica no se traducía en una ola de despidos (sí en una reducción en las contrataciones, las cuales se encontraban en mínimos históricos), esperamos que las estadísticas del último bimestre del año muestren una intensificación en los ceses de relaciones laborales. No obstante, más allá de ello, el principal ajuste lo sufrieron los salarios reales, que en el último trimestre estimamos que cayeron en promedio cerca de 12% interanual. En este sentido, la evolución del poder adquisitivo de los salarios será el factor que impedirá una rápida recuperación de la actividad, por sus efectos sobre el consumo”, señala un reciente informe de la mencionada consultora que proyecta una caída de 1% de la economía en 2019.

 

La construcción es uno de los sectores que está sintiendo con mayor intensidad los efectos de las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Como resultado de ello, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) el empleo en la construcción cayó en noviembre a su nivel más bajo en los últimos 16 meses.

 

En comparación con el año anterior, la cantidad de puestos formales del sector se ubicó un 5% por debajo del nivel de noviembre de 2017, profundizando su tendencia contractiva respecto a la baja del 2,8% interanual registrada en octubre.

 

Peor que con Cristina

 

Un informe de la consultora de Carlos Melconian, exfuncionario y amigo personal de Macri, para JP Morgan reconoció que los números de la macroeconomía muestran que el “cuatrienio Cambiemos” cosechará “peores resultados” que el “cuatrienio Cristina Fernández”.

 

El trabajo señala que mientras el acumulado de la variación del PBI entre 2012 y 2015 da una suba de 1,5%, en el caso de los cuatro años de Macri el mismo índice exhibirá una caída de 3%. Algo parecido ocurre con la inflación: la última gestión de CFK arroja un acumulado de 182%, mientras que la administración Macri alcanzará un 211%, siempre que se cumpla lo previsto en el Presupuesto 2019, cosa que no ocurrió en ninguno de los presupuestos anteriores de la era Macri.

 

También aseguraron que “el flojo balance macroeconómico versus el acierto en el rumbo de largo plazo (inserción en el mundo, G-20, salida de los cepos, arreglo con holdouts, desregulaciones en los mercados, correcciones de precios relativos, etc.), deja abierto un enorme desafío respecto a la contienda presidencial 2019”.

 

El único dato relativamente bueno es la caída del dólar, que durante la semana acumuló una merma de 63 centavos y el viernes último registró la mayor caída de los últimos tres meses, de 45 centavos, gracias al ingreso de billetes verdes provenientes de exportaciones y de capitales golondrina que aprovechan el combo de pax cambiaria y tasas altísimas en pesos para volver a la redituable bicicleta del carry trade.

 

Por un lado la caída del dólar acompañada de una política monetaria contractiva, permite avizorar una reducción en la inflación. Sin embargo, el hecho de que la cotización de la divisa estadounidense vaya en sentido contrario a la inflación, como a groso modo lo viene haciendo desde que tocó el pico de los 42 pesos a fines de agosto, preocupa a muchos analistas que advierten respecto a los efectos negativos que podría tener el atraso cambiario en las exportaciones y en la dolarización de carteras.

 

Confianza por el piso

 

La espantosa performance de la economía le está costando a Macri una progresiva caída en la imagen que tienen los argentinos de su gestión y si hoy todavía tiene chances muy sólidas de ser reelecto es más por la proverbial carencia de propuestas y de candidatos en la oposición que por méritos propios.

 

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la universidad Torcuato Di Tella marcó una abrupta caída de 15,1% en enero respecto a diciembre y de 28% interanual. “El actual nivel de confianza en el gobierno es el más bajo obtenido durante la administración de Mauricio Macri, por debajo de la última medición del gobierno de Cristina Kirchner (ICG diciembre de 2015= 1,80)”, remarca el trabajo.

 

La gestión de la economía es el principal cuestionamiento que hicieron los encuestados. “La abrupta caída de enero parece reflejar los anuncios de aumentos en los servicios públicos, especialmente en el transporte que tienen un impacto inmediato en la economía de las personas, en un contexto económico recesivo e inflacionario”, se analizó en el documento.

 

Campo minado

 

En ese contexto de caída de la imagen de Macri y de su gestión, debe entenderse la inclinación de la mayoría de los gobernadores de Cambiemos de convocar a elecciones en sus provincias en fechas distintas a las nacionales. Entienden que sus chances mejoran si no comparten boleta con el presidente. El incierto panorama del lado de la oposición y el hecho de que muchos de los oficialismos provinciales de signos políticos distintos a Cambiemos no prevean jugar fuerte en las nacionales, hace que también la mayoría de los gobernadores opositores elijan despegarse de las elecciones de octubre.

 

Hasta ahora el único amarillo que compartiría boleta con Macri sería Rodriguez Larreta en la CABA, mientras que en provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal –la más estelar de las primeras figuras de Cambiemos- coquetea con la idea de cortarse sola, dado que sus números son bastante mejores de que los Macri en el decisivo territorio bonaerense, al tiempo que gestiona la llegada de más fondos nacionales para obras en su provincia.

 

El desdoblamiento generalizado de elecciones llevó a un cronograma electoral que hasta ahora muestra 15 domingos con votaciones, la última de las cuales es la presidencial. Más allá de la incidencia  que tenga cada jurisdicción en el total general, al Gobierno nacional le preocupa que se produzca una seguidilla de derrotas que siente un precedente negativo de cara a octubre.

 

Desde el oficialismo dan por descontado que van a ganar las elecciones en las cuatro provincias que ya gobiernan (Corrientes está desfasado del calendario nacional) y apuestan todas sus fichas a sostener el caudal de votos obtenido en 2017 en el país central, especialmente en la CABA y Buenos Aires.

 

Dado el estado actual de la imagen presidencial, que Cambiemos repita en resto del país los resultados de las últimas elecciones celebradas en lo mejor de la corta primavera gradualista, parece más una utopía que una posibilidad cierta, lo que sugiere que el oficialismo cosechará derrotas en la mayoría de las restantes 19 elecciones provinciales. Desde ese punto de vista, el camino a octubre se anticipa largo y dificultoso para los intereses de Cambiemos.

 

Entre los territorios más difíciles para la coalición gobernante están aquellas provincias opositoras cuyos gobiernos tienen buena imagen y conservan un respaldo popular a prueba de la tracción que pueda generar un Gobierno nacional en campaña, con todo lo que ello implica en materia de disponibilidad de recursos. En ese grupo se puede ubicar a Misiones, donde el gobernador Hugo Passalacqua aparece como el político con mejor imagen, lo que seguramente se trasladará a su vice Oscar Herrera, a quien se puede atribuir buena parte de los logros de la actual gestión.

 

Fuentes del riñón de Cambiemos en Misiones reconocen que con la imagen del Gobierno nacional en su peor momento, será poco menos que imposible pelear por la gobernación y apuntan sus fichas a dar la pelea en los municipios en los que tuvieron mejores resultados en 2017, como Posadas, Puerto Iguazú y Oberá.

 

En el radicalismo, crece el descontento de dirigentes pertenecientes a las agrupaciones que se vieron impedidas de participar en las internas partidarias y se quedaron masticando una “derrota de escritorio” a manos de la cúpula que maneja al centenario partido. Potenciales candidatos y dirigentes barriales que hasta hace no mucho tiempo militaban con la boina blanca, hoy evalúan participar en otros espacios políticos disconformes con los manejos internos del centenario partido.

 

Una puerta hacia Europa

 

Como resultado de intensas gestiones que llevaron adelante el Gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, en conjunto con el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, la compañía aérea del grupo Globalia, Air Europa, presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid su nuevo vuelo que unirá a la capital española con Puerto Iguazú (Argentina) desde el 1 de junio.

 

Con una duración promedio de 9 horas, será el vuelo más corto entre Europa y Argentina, lo que podrá a Misiones en la posición de convertirse en una de las principales puertas de ingreso al país para visitantes del viejo continente.

 

Globalia también anunció inversiones hoteleras en Iguazú, la más importante en el inconcluso hotel Hilton ubicado dentro de las 600 Hectáreas.

 

La noticia se suma a otros anuncios realizados durante enero, como el subsidio a la luz y los colectivos, el subsidio para tareferos y el incremento de 23% para los estatales, hechos que se suman a las 1900 cuadras asfaltadas el año pasado, el sostenimiento de la calidad de la salud pública a pesar del retiro de la Nación en esa área, la innovación educativa, la escuela de robótica, entre otros aspectos.

 

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