CIDH: fuerte alarma en once países por el avance de la militarización en la región

En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región de América Latina.

En los países del continente, la militarización aumenta los niveles de violencia y genera violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ocupación de barrios pobres y torturas. A la vez, fracasa en su supuesto objetivo de bajar los índices de criminalidad, según se dijo en la audiencia regional ante la CIDH.

En la audiencia participaron organizaciones de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Se habló de tendencias generales y de la intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y los impactos de la militarización en Honduras.

“Esta audiencia es histórica porque mapea uno de los principales desafíos de la región”, sostuvo la comisionada Flávia Piovesan. En un contexto de “guerra interna” -sea contra el narcotráfico, el terrorismo u otra de las denominadas “nuevas amenazas” a la seguridad-, los Estados avanzan con políticas duras y propuestas de militarización que ponen en riesgo los derechos humanos en la región. Se promueven políticas antiderechos y de impunidad, como la aplicación de la justicia militar, bajo la idea de lucha contra el crimen. “Estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”, aseveró Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.

Por su lado, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva dijo que “hay mandatarios regionales que creen que el escenario en el que ocurren las operaciones militares es campo abierto para que ellos lleven a cabo el cumplimiento de determinadas órdenes. Primero dispare y después averigüe, primero dispare y después pregunte. Y eso es sumamente grave”. Y la comisionada Antonia Urrejola planteó que el desafío no es únicamente trabajar con los Estados sino también con la sociedad que espera respuestas a las demandas de seguridad en la región.

La Comisión se comprometió a mantener este tema como “objeto de agenda permanente” y a trabajar en un plan concreto de actuación para enfrentarlo de manera sistemática.

También se expuso sobre la impunidad que caracteriza a las violaciones cometidas en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. El caso de Jorge Parral de México es emblemático: fue asesinado por fuerzas militares y su cuerpo desaparecido. Su madre, Alicia Rabadán, explicó a los/as integrantes de la CIDH: “Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses, que no tienen respeto por la vida humana”.

CP / PE

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