Ni el salvavidas del FMI, ni el Presupuesto del ajuste alcanzan para alejar el fantasma del default

En una espantosa jornada de violencia dentro y fuera del Congreso, el Gobierno nacional logró la media sanción del Diputados a un proyecto de presupuesto a la medida del nuevo acuerdo con el FMI, que el organismo internacional aprobó horas después de la escandalosa sesión. Todo indica que el trámite en Senadores será más sencillo y el Presupuesto 2019 será ley en noviembre, antes del inicio del G20. El objetivo principal del proyecto es alcanzar el déficit cero a costa de recortes, especialmente en educación y cultura, ciencia y técnica y salud. Analistas coinciden en que muchos de los parámetros establecidos en el Presupuesto y en el acuerdo con el FMI, no se cumplirán y son cada vez más los que ya dan por descontado un nuevo default.

 

Como ocurriera durante el tratamiento de la Reforma Previsional, el debate por el presupuesto se hizo en un Congreso vallado y celosamente custodiado por las fuerzas del orden, mientras afuera se desataba una batahola. Gases, balas de goma, pedradas, revolcones, trompadas, patadas, detenidos, gente ensangrentada, destrozos y todo aquello que el periodismo suele englobar bajo la categoría “disturbios” volvió a ocurrir. Desde el oficialismo volvieron a responsabilizar por todo lo ocurrido a grupos extremistas vinculados al kirchnerismo y la oposición denunció represión desmedida, infiltrados y detenciones injustificadas.

 

Adentro el clima no era mucho más cordial: gritos, insultos, empujones y hasta un amague de enfrentamiento a golpes de puño que involucró al presidente de la bancada del PRO, Nicolás Massot y a los kirchneristas Leopoldo Moreau y Daniel Filmus. Luego de 17 horas de discusión, la iniciativa finalmente se aprobó con 138 votos a favor y 103 en contra.

 

Tanta resistencia al proyecto se entiende por el sencillo hecho de que expresa un brutal ajuste del que nadie quiere hacerse cargo y que resulta necesario para cumplir la meta de déficit primario cero comprometida con el FMI. En términos reales, la reducción del gasto será de 6% en servicios sociales, de 23% en educación y cultura, de 48% en vivienda y urbanismo, de 20% en promoción y asistencia social, de 8% en salud, de 17% en ciencia y técnica y de 20% en agua potable y alcantarillado, entre otros recortes.

 

Desde el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) advierten que en la práctica los recortes en el gasto social podrían ser superiores a lo expresado en el Presupuesto si se mantiene la tendencia que mostró el Gobierno nacional este año a subejecutar partidas en áreas como salud y educación. Señalan por ejemplo que los presupuestos anuales destinados a mejoras edilicias y equipamiento de escuelas y jardines de infantes se habían ejecutado a septiembre en menos de 25% y a la misma fecha, el presupuesto global para salud se ejecutó en menos de 50%.

 

A la hora de establecer parámetros de referencia, el Presupuesto reconoce que el año próximo la economía continuará su deterioro. Estima una caída de 0,5% en la actividad económica y reducciones de 1,6% en el consumo privado y de 9,7% en la inversión. Además estima una inflación de 23% y un dólar promedio a 40 pesos, parámetros considerados irreales e incluso contradictorios por muchos analistas.

 

Los números del Presupuesto son más optimistas que los estimados por el FMI en la primera revisión del Acuerdo Stand By que prevé para 2019 una recesión de 1,7%, una caída del consumo privado de 4,1% y un retroceso en las inversiones de 9,5%.

 

24.400 millones para llegar a las elecciones

 

Finalmente el FMI aprobó el viernes la ampliación del salvavidas financiero solicitado por el Gobierno para llegar a flote a 2019. Como estaba previsto, se adelantarán los desembolsos siguiendo un esquema mucho más cortoplacista que el abordado originalmente. El primer acuerdo estaba pensado para garantizar el cumplimiento de los compromisos del país hasta la primera mitad del próximo mandato, la nueva versión del Stand By solo se propone llegar hasta fines de 2019 y siembra un gran interrogante respecto a qué podría pasar después.

 

Con el visto bueno de Lagarde, Macri y su equipo dispondrán de 24.400 millones de dólares frescos que se entregarán en tres cuotas, la primera la semana próxima y la última en marzo de 2019. En total, la deuda con el FMI será de aproximadamente 56.300 millones de dólares a pagar por el próximo gobierno.

 

Tras la aprobación del Fondo, se conoció la Carta de Intención elevada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, al FMI a través de la cual el Gobierno reconoce que la recesión se extenderá hasta la segunda mitad del año próximo, que aumentarán los impuestos y que persistirán las tasas de interés por encima de 60% hasta que las expectativas inflacionarias bajen “de forma contundente” al menos durante dos meses consecutivos.

 

Otra medida tendiente a reducir la inflación será una reducción drástica del ritmo de emisión monetaria. El documento especifica que la base monetaria “se mantendrá estable hasta junio próximo, ajustada por estacionalidad en diciembre y junio, y a partir de entonces no crecerá más rápido que 1% por mes”.

 

Según el memorando, el Gobierno espera que “el crecimiento se contraiga entre 2% y 3% en 2018 y entre 0,5% y 2% en 2019”  y  ratifica un esquema de libre flotación del tipo de cambio dentro de las bandas anunciadas en su momento.

 

En cuanto a la política tributaria, proyecta que la recaudación de impuestos a la riqueza se duplique medida como porcentaje del PBI y reconoce que la reducción prevista del impuesto al cheque se pospondrá así como las provincias también postergarán la reducción de los impuestos a los sellos.

 

Según el pronóstico incluido en el memorando “la inflación general debería alcanzar un punto máximo por encima de 40% para enero de 2019 y comenzar a caer rápidamente a poco más del 20% a fines de 2019. La inflación continuará cayendo a un ritmo constante para llegar a un solo dígito para fines de 2021”,  promete.

 

Misión imposible 2020

 

Aun con el blindaje del FMI será difícil cumplir con los vencimientos de deuda de 2019, ya que superan a la cantidad de dólares que llegarán de la mano de madame Lagarde. Pero el panorama luce bastante más difícil para 2020 y prácticamente imposible para 2021, lo que hace que economistas como el mediático Javier Milei ya den por descontado que Argentina entrará en cesación de pagos, a más tardar en 2021.

 

Según los cálculos del FMI y los del propio Gobierno, a fin de año la deuda pública superará el 80 por ciento del PBI y el 77 por ciento de ella estará nominada en moneda extranjera. Cuando asumió Cambiemos la deuda representaba un 40% del PBI y pasó a 52,5% con la devaluación que siguió a la salida del cepo.

 

Los números meten miedo: el Gobierno que resulte elegido en 2019 deberá pagar 131.096 millones de dólares de 2020 a 2023, período durante el cual el FMI sólo desembolsará 6.000 millones. Como dificultad anexa, el próximo gobierno deberá buscar financiamiento con una relación deuda-PBI deteriorada por la recesión, lo que hará virtualmente inconducente salir a “pasar la gorra” en los mercados.

 

La mayoría de los analistas prefiere no teorizar sobre el particular para evitar pronósticos apocalípticos pero quienes sí lo hacen coinciden en marcar que a ojos de los mercados, Argentina ya es visto como un país que en default, porque nadie cree que pueda pagar su deuda sin reestructurarla o simplemente declararse en banca rota.

 

El tiempo que el Gobierno pueda sostener los vencimientos depende en gran medida de cómo pueda manejar las fuentes de oferta y demanda de dólares. Se espera que el déficit por turismo y compras en el extranjero caiga abruptamente por la devaluación y el deterioro del poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos.

 

Algo parecido se espera que ocurra con la cuenta comercial que ya dio una buena noticia esta semana cuando se conoció que en septiembre Argentina volvió a tener superávit después de 20 meses consecutivos de déficit. Vale aclarar que el logro no llegó de la mano de un incremento de las exportaciones –de hecho cayeron 4,8% interanual- sino por una reducción de más de 21% en las importaciones.

 

También por efecto de la recesión se proyecta que seguirá cayendo el giro de regalías y utilidades de empresas extranjeras residentes en el país, lo que también ayudaría a reducir la demanda de dólares.

 

Pero hay dos factores de demanda que seguirán en ascenso, el primero y más notorio es el pago de la deuda, el segundo es un fantasma que el Gobierno jamás pudo conjurar, la fuga de capitales. Según el Banco Central en 2016 se fugaron 9.951 millones de dólares; el año siguiente 22.148 millones y hasta septiembre de este año, 24.795 millones, lo que hace presagiar que el año cerrará con no menos de 30.000 millones de dólares fugados, más que todo el dinero aportado hasta ahora por el blindaje del FMI.

 

Si el mejor equipo de los últimos 50 años no encuentra la manera de evitar que los dólares que entran a fuerza de endeudamiento se volatilicen con semejante facilidad, son varios los analistas que no descartan que el temido default llegue incluso antes de que termine el presente mandato de Macri.

 

En lo que refiere a la oferta de dólares, la vía del endeudamiento en los mercados está cerrada y difícilmente el FMI vuelva a extender su acuerdo con el país, por lo tanto todas las expectativas están puestas en la próxima cosecha cerealera. Lo único que queda es mirar al cielo y rezar para que clima acompañe porque el país no soportaría una nueva sequía.

 

Abrigo para transitar la crisis

 

La crisis económica fue tema central en una conferencia de prensa brindada esta semana por el presidente de la Legislatura de Misiones, Carlos Rovira, quien reconoció que desde el Estado provincial es muy poco lo que se puede hacer en tanto todas las decisiones están en manos del Gobierno nacional.

 

Consideró que ante ese contexto tan difícil, lo que le queda por hacer a la Provincia es procurar que el daño sea el menor posible para los misioneros. Remarco la necesidad de brindar un “abrigo para transitar la crisis”. “Nuestra principal preocupación ha sido siempre resolver los problemas, los que están a nuestro alcance” y destacó que para ello, desde la Legislatura “hemos dotado a la provincia de leyes de vanguardia en todos los campos, porque cuando la economía no anda hay que incentivar los otros campos”.

 

Destacó las acciones llevadas adelante por el Gobierno que encabeza Hugo Passalacqua para “proteger todo el entramado social”. Se refirió a las políticas sanitarias que “han progresado muchísimo”, hasta el punto de alcanzar en el presupuesto para el próximo año “niveles nunca vistos de asignación de recursos provinciales” para brindar “calidad de servicios de salud, totalmente gratuitos, de costo cero”, beneficio que en el mundo están dejando de existir porque “la  medicina está fuertemente impulsada por empresas privadas”.

 

También consideró que “el desarrollo social y la educación son los pilares de una verdadera sociedad que está pensando en los años que viene, y que indudablemente constituyen el verdadero soporte para transitar la crisis”.

 

Al referirse a la relación Nación – Provincia, Rovira destacó el principio de “oposición responsable” que viene aplicando el Gobierno de Misiones que tuvo ayer un nuevo hito con el apoyo de los diputados nacionales del Bloque Misionerista al proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo nacional.

 

“Hemos acompañado para no quedar acorralados en el negacionismo. La política es el gran arte de dialogar, debatir y acordar, si no los seres humanos dejaríamos de lado una de las capacidades más importas que tenemos. Hemos acordado cuestiones beneficiosas para la provincia y eso quedó en manos del gobernador. Buscamos la menor desgracia dentro de esta crisis para los misioneros y la posibilidad de construir acercamientos que van a significar cosas muy importantes”, remarcó.

 

Consultado respecto a la posibilidad de ir por la reelección como diputado el año próximo –su mandato expira en 2019- Rovira deslizó la posibilidad de ceder su lugar. “No pienso mucho en mi futuro… …siempre voy a ceder mi lugar a otro, esa es la obligación y ese es mi estado mental y emocional. No puedo hablar de un proceso de refresco si no le cedo mi lugar al que viene de abajo o del costado, es un proceso necesario para todos, para imprimir a la política una dimensión de mayor vigor y excelencia, creo en las nuevas oportunidades”, dijo.

 

Ley pareja

 

La conferencia de Rovira se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados sancionara una ley significativa para garantizar la participación de las mujeres en la política, la ley conocida como de Paridad de Género que establece que las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes; tanto nacionales, como provinciales y municipales, deberán integrarse de manera intercalada entre ambos géneros, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

 

Respecto al particular, el titular de la Legislatura manifestó que la paridad de género debe ser entendida en un sentido amplio “es un instrumento que lleva adelante un concepto que se apoya en la razón, en la ciencia, en el humanismo, que va a dar otra dimensión a la mujer”, expresó. Recordó que “Misiones se fue preparando desde la política” con una vicegobernadora mujer y con una Superior Tribunal de Justicia conformada en su mayoría por mujeres.

 

“En nuestro espacio político siempre hemos sido más generosos con las mujeres, hay un convencimiento tácito de la participación de la mujer, es un hecho epistemológico muy profundo, como el concepto de la Gestalt, donde la suma de las partes es más que el todo”, sostuvo.

 

Para el presidente de la Cámara, “se está generando un proceso disruptivo en la política, el resultado va a ser muy interesante, un proceso más intenso, el límite es el grado de participación, convencimiento y emergencia de una nueva camada de mujeres, que junto a las que ya están van a ir tallando otra sociedad distinta, que va a tener la mayor aportación, que va a ser humanística”.

 

Suspensión de desalojos

 

Otra ley relevante sancionada el jueves último fue a suspensión hasta el 31 de diciembre de 2019 de los desalojos de los bienes inmuebles ubicados en los terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana de Misiones. Para estos casos, no es necesario realizar el empadronamiento previsto, sino que alcanza con la presentación, en el expediente judicial correspondiente, del certificado de vivienda familiar expedido por tal organismo.

 

También se suspendieron hasta la misma fecha las ejecuciones de sentencias de desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar en predios urbanos, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar en predios rurales; cuando se verifique una ocupación superior a ocho años, para ambos casos, sean terrenos fiscales o privados.

 

La finalidad de la ley es extender los plazos un año más, para resguardar el derecho a la vivienda de familias que están en riesgo de perder su hogar. “La cuestión de los desalojos de familias hace resurgir la imperiosa necesidad de retardar los plazos a vencerse en la normativa una vez más pretendiendo brindar más tiempo a los organismos que deben ejecutar la solución propuesta y de dotar de una solución definitiva ante estas situaciones previstas por la Ley XII N° 28”, consta en los fundamentos de la ley.

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