IUFRO en Posadas: expertos presentarán un esquema de pagos por servicios ecosistémicos como herramienta de conservación de los bosques nativos

En el marco de la Ley 26.331 y para asegurar la provisión de los servicios ambientales que los bosques brindan a la sociedad, especialistas del INTA en asociación con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable –ex ministerio- de Nación y la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia del Chaco, trabajaron durante 4 años en el desarrollo de un esquema de pagos por servicios ecosistémicos (PSE) para evitar la deforestación y mejorar el estado de conservación de los bosques nativos en 400.000 hectáreas del norte del país.

Los expertos desarrollaron un esquema de PSE que brindan a la sociedad por captura de carbono y biodiversidad. Pensado para hacer frente al cambio de uso de la tierra y sus principios replicables a los 27 millones de hectáreas de bosques en el país, los resultados del estudio serán presentados en la conferencia internacional organizada por IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, según sus siglas en inglés), durante la conferencia sobre “Gestión adaptativa de paisajes boscosos en transformación” que se realizará esta semana en Posadas, Misiones.

En la primera década del siglo XXI Argentina sufrió la pérdida de unos 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos debido a la expansión de la actividad agropecuaria. Para contrarrestar esta problemática se promulgó la Ley Nacional 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que, entre otros aspectos, plantea la compensación a los productores rurales que realicen un manejo sostenible de los bosques nativos en sus tierras.

José Gobbi, investigador del INTA Anguil y coordinador del proyecto GEF 3623 – PNUD/PNUMA “Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global”, explicó que el trabajo permitió “establecer líneas de base de carbono y biodiversidad para distintos usos de la tierra”, con el fin de evaluar “el efecto que dichas prácticas de manejo tienen en el aumento de la provisión de los servicios ecosistémicos”. Además de desarrollar modelos económicos para establecer costos de oportunidad y montos mínimos de pago.

El proyecto GEF permitió establecer líneas de base de carbono y biodiversidad para distintos usos de la tierra.

Según Gobbi, esto implica “la gestión eficiente de los usos de la tierra bajo un esquema de provisión de servicios ecosistémicos y el desarrollo de marcos favorables para su aplicación en el país”, que tendrá en el pago “un incentivo para mover el sistema de una situación no deseable a otra deseable”, explicó.

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El caso del Centro Oeste en el Chaco -provincia con cerca del 50 % de superficie boscosa, unos 4,5 millones de hectáreas- es una de las cuatro experiencias en el territorio donde los especialistas trabajaron en un área de 450.000 hectáreas y donde el 70 % es bosque.

“Existe una correlación directa entre el estado de conservación de un bosque nativo y el nivel de servicio ecosistémico que ese bosque provee”, destacó Gobbi. Aclaró que desde el proyecto se proponen “categorías de estado de conservación de bosque entre bueno, intermedio y desfavorable para asignar los pagos según el estado de conservación del bosque en cuestión”; es decir, a mejor estado de conservación este tendría una mayor provisión de servicios ecosistémicos y, por consiguiente, el acceso a un pago más alto.

Como resultados de la experiencia piloto en Chaco, durante el desarrollo del GEF recientemente finalizado, se establece un pago basado en el estado de conservación por un período de 5 años y hasta 300 hectáreas, revisable cada 5 años. En un estudio que en bosques incluyó a la provincia de Formosa, en conservación de recursos hídricos a Misiones y en suelos a Entre Ríos.

Esta experiencia piloto alienta el pago basado en el estado de conservación por un período de 5 años y hasta 300 hectáreas, revisable cada 5 años.

En Chaco se estimó el valor económico del servicio ecosistémico de captura de carbono que brindan los bosques nativos a la sociedad. Es decir, se evaluó cuál sería el costo anual para la sociedad de almacenar el carbono que capturan gratis los bosques nativos si debiéramos hacerlo por medio de un reemplazo, como lo sería una plantación forestal, el cual insumiría más del 50 % del valor bruto de la producción algodonera provincial a valores del 2015.

Ante los principales problemas ambientales y de manejo, como deforestación, prácticas forestales no sustentables y ganaderas inapropiadas, Gobbi sostuvo que los resultados presentados son “una oportunidad en el marco de compensación establecido por la Ley 26.331 y, además, un insumo para las estrategias de ordenamiento territorial”.

Por su parte, estimó que el pago “pasa a ser un incentivo para promover la adopción de prácticas ganaderas y forestales que permitan mejorar el estado de conservación de los bosques nativo”, apuntó.

El especialista, junto a miembros del equipo técnico del proyecto, presentará los resultados del desarrollo de distintas modalidades de esquemas de pago por servicios ecosistémicos en Argentina, un mecanismo que busca valorizar la relevancia de los servicios que brindan los ecosistemas naturales para el bienestar y desarrollo de las sociedades humanas, servicios que han sido –generalmente- ignorados en el proceso de toma de decisiones económicas.

La ejecución del proyecto tuvo como objetivo ensayar diversos mecanismos para el pago de los servicios que brindan los distintos ecosistemas naturales en el país en los cuatro sitios piloto seleccionados con disímiles ecosistemas y realidades productivas.

Este será uno de los trabajos de investigación desarrollados por INTA y otros organismos de investigación y desarrollo público y privado, nacional e internacional, que se presentarán en el ámbito del encuentro internacional de la Red IUFRO, adelantó la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA-INTA).

PE

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