Zona de promesas incumplidas

Conforme avanzan las discusiones con vistas a que el congreso sancione un presupuesto en los tiempos y en los términos que exige el FMI, queda cada vez más claro que para llegar al ansiado déficit (primario) cero el Gobierno nacional no buscará solamente ajustar el gasto público sino también “generar más recursos”. En este caso generar más recursos no tiene que ver con alguna política que apunte al crecimiento económico -cuestión que actualmente no forma parte de la agenda nacional- sino que es simplemente un eufemismo amable para “suba de impuestos”.

 

El Gobierno nacional ya había decidido aumentos impositivos antes de comenzar a discutir el presupuesto y otros incrementos fueron agregados durante esa discusión a pedido de las provincias. Ocurre que muchos de los ajustes en el gasto que pretende instrumentar la Nación el año próximo, como la eliminación definitiva de los subsidios al transporte público y al consumo de energía y la caída del Fondo Federal de la Soja, tienen impacto directo en las provincias y municipios que en consecuencia exigieron compensaciones, aunque fueran parciales.

 

El reclamo dejó al Gobierno nacional ante una encrucijada: si no atendía el pedido de los gobernadores corría el riesgo de no alcanzar el acuerdo político necesario para sancionar el presupuesto, pero si compensaba a las provincias con los mismos recursos que pretendía ahorrar, no iba a lograr la baja del déficit pretendida. La única solución que le encontró el mejor equipo de los últimos 50 años a esta disyuntiva fue la misma de siempre, aumentar la presión impositiva.

 

Aplicando una lógica irreprochable, los aumentos más pronunciados pesarán sobre los sectores más beneficiados con la devaluación, es decir los que pueden exportar un buen porcentaje de su producción. En ese sentido debe entenderse el incremento de las retenciones a las exportaciones, tal vez la medida más razonable de las que tomó el Gobierno para enfrentar la crisis, pero también la que más le costó adoptar al presidente Macri, que la anunció ante los principales referentes del campo con la culpa de que quien confiesa un engaño.

 

Pero solo con eso no alcanza para bajar el déficit primario heredado del gobierno anterior y al mismo tiempo cumplir con los pagos de la enorme deuda contraída durante lo que va de la gestión de Cambiemos. Con el correr de los días se conocen cada vez más medidas que aumentarán la presión impositiva no solamente sobre las empresas sino también sobre asalariados de rango medio.

 

Más ganancias

 

Basta una sola palabra para disparar el grado de decepción de buena parte de la clase media con la gestión de Macri: ganancias. Uno de los caballitos de batalla del presidente cuando estaba en campaña fue la promesa de que los trabajadores no pagarían más ese impuesto, que por efecto de la inflación y la falta de actualización de las escalas durante el segundo gobierno de Cristina, se había extendido a un amplio universo de asalariados que antes no lo pagaban y que por su nivel de ingresos no era lógico que lo hicieran.

 

Como suele ocurrir con las promesas de campaña, esta tampoco se cumplió. En vez de eliminar el impuesto a las ganancias, la gestión de Cambiemos lo extendió a más trabajadores: en 2015 eran 1.189.342 los asalariados alcanzados por ese tributo, número que aumentó a 2.028.369 el año pasado, 70 por ciento más.

 

Para el año próximo el Gobierno nacional proyectar ajustar un poco más clavijas con este impuesto. Lo hará a través de una eliminación de exenciones aprobadas en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma. Entre los ítems más comunes que no podrán deducirse del impuesto están las sumas por gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional y desarraigo.

 

Además el proyecto de presupuesto incluye gravar a mutuales y cooperativas con ganancias, algo que el Gobierno ya había intentado en la reforma tributaria, pero a la postre quedó descartado.

 

El equipo de Dujovne también busca aumentar la recaudación de Bienes Personales a través de cambios en los métodos de valuación fiscal de los bienes. El objetivo en este caso es procurar que las valuaciones fiscales se asemejen más a los valores de mercado de bienes como vehículos y propiedades. Ocurre que por obra de la inflación, los valores de mercado varían a mayor velocidad que los mínimos no imponibles, lo que podría hacer que gente que antes no estaba alcanzada por Bienes Personales pase a estarlo sin necesidad de haber mejorado su estándar de vida.

 

Para las empresas también hay desengaños y promesas incumplidas. El proyecto de presupuesto pospone la entrada en vigencia de beneficios previstos en la reforma tributaria, como la posibilidad de computar pagos del impuesto al cheque a cuenta de ganancias o ajustar por inflación la contabilidad.

 

Capítulo aparte merece el tratamiento de las contribuciones patronales. Desde 2001 las pymes del interior cuentan con los beneficios establecidos en el decreto 814 que les permite pagar aportes a cuenta de IVA en porcentajes que se incrementan conforme más alejadas estén de Buenos Aires. En Posadas por ejemplo, las empresas pueden pagar 9,7 de sus aportes patronales a cuenta de IVA.

 

La Reforma Impositiva sancionada el año pasado determinó que esa norma cayera a partir del año próximo. En cambio entró en vigencia un sistema que equiparara las cargas tributarias de las grandes empresas y las pymes e instrumenta de manera progresiva un piso no imponible por debajo del cual no se pagarían aportes patronales. Dicho piso fue establecido este año en 2.400 pesos y estaba previsto que llegara a 12 mil (a valor real de 2017) en 2022.

 

En la práctica el reemplazo del decreto 814 por el nuevo sistema reduce la presión impositiva de las grandes empresas del centro del país e incrementa la que pesa sobre las pymes del interior.

 

El titular de la Came, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, llevó esa inquietud al presidente Macri en una reunión realizada el lunes último. “La única herramienta que se utilizaba para compensar entre provincias la presión de las contribuciones patronales era la establecida por el Decreto 814/01, que computa un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal en el IVA”, señaló.

 

Para la Came, la restitución del decreto 814 reviste especial importancia si se tiene en cuenta que los acuerdos salariales se definen desde una óptica de las ciudades más desarrolladas y que viven una realidad muy distinta a la que se vive en el interior.

 

Habemus recesión

 

La necesidad del Gobierno nacional de incrementar la presión impositiva en todos los niveles, a contramano de lo que había prometido, radica básicamente en que los pronósticos de crecimiento económico nunca se concretaron por el estrepitoso fracaso del gradualismo. El Gobierno nacional confiaba en que iba a poder financiar el déficit primario heredado tomando deuda hasta que el crecimiento económico terminara licuando el déficit primario y los pagos de la deuda tomada para financiarlo.

 

Pasaron cosas y nada de lo que estaba previsto ocurrió. El déficit primario sigue ahí, al que se sumó un creciente déficit financiero por la deuda y el crecimiento no licuó ni va a licuar nada, porque no será.

 

De hecho, lo que hay en vez de crecimiento es desplome. Según el Indec la economía argentina se contrajo 4,2 por ciento en el segundo trimestre del año frente al mismo período de 2017, lo que representó la caída más significativa en cuatro años y el ingreso formal a la recesión.

 

Otro indicador negativo que no para de crecer es la inflación. La escalada en los precios es tan pronunciada que las consultoras elaboran informes semanales para seguirle el paso. Según Elypsis, la inflación en la segunda semana de septiembre fue de 2,3%, que se suma al 3,1% registrado en la primera.  “Corregimos al alza nuestra estimación de septiembre: se ubicará alrededor del 7% mensual”, advierte el informe. Y agrega: “En virtud de esto nuestra proyección es de 44% para el año, con riesgo al alza”.

 

Los números de los mayoristas anticipan que los precios minoristas todavía tienen mucho camino por recorrer. Según informó el Indec, en agosto los precios mayoristas subieron 4,9%, un punto por encima de los minoristas (3,9%). En los ocho primeros meses de este año, el aumento mayorista fue del 43,1% frente a una suba minorista del 24,3% y acumula en los últimos 12 meses un alza de 51,4% frente a un IPC del 34,4%.

 

En lo que va del año, la inflación mayorista supera en 18,8 puntos a la minorista, que más tarde o más temprano terminará acompañando.

 

Desocupación record

 

Otro de los datos de la economía que hizo mucho ruido durante la semana fue el índice de desocupación informado por el Indec: 9,6%, el más alto de los últimos 12 años. El mismo informe consigna además un crecimiento de 2,2% en la tasa de empleo. Ambos datos indican que se crearon fuentes de trabajo, pero no las suficientes para absorber a las personas que ingresaron al mercado de trabajo, dado que la tasa de empleo se mide sobre el total de la población y la de desocupación sobre la población económicamente activa, es decir quienes tienen o buscan trabajo.

 

Que haya más gente buscando trabajo sugiere una mayor necesidad de apuntalar los ingresos en los hogares, ingresos que vienen perdiendo la carrera contra la inflación.

 

Mucho tiene que ver también el deterioro de la calidad del trabajo que se genera. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) solo la mitad de los trabajadores  que consiguieron un empleo en el primer semestre de 2018 lo hicieron en un puesto de trabajo registrado.

 

Mientras la mayor parte de las fuentes de trabajo que se abren están en el sector informal o pagan salarios bajos, las actividades que tradicionalmente pagan sueldos más altos están perdiendo trabajadores. El caso más paradigmático es el de la industria. Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la menor actividad fabril y en la construcción, por séptimo mes consecutivo, el empleo volvió a caer en esa actividad.

 

El empleo registrado en el sector manufacturero se redujo en junio 2018 (último dato disponible) en 5.834 puestos de trabajo. Así, con relación a junio de 2017, la industria acumula 25.051 trabajadores formales y 55.716 puestos menos que en junio de 2016.

 

Lo más grave del caso es que los datos de empleo que se conocen, apenas captan el efecto negativo de la corrida cambiaria que se extiende hasta estos días. Desde la consultora Ecolatina advierten que en el segundo semestre “la cantidad de desempleados subirá, debido a que se perderán puestos netos de trabajo (especialmente en el sector industrial y en las PyMEs) y la búsqueda de ingresos adicionales se intensificará por la profundización de la pérdida del salario real”.

 

Dólar y deuda

 

La batería de medidas dispuesta por el Banco Central para enfrentar un nuevo martes de megavencimiento de Lebac dio resultado y el dólar bajó 2,35 pesos durante la semana y cerró la rueda del viernes a 38,16 pesos. Para captar los pesos que salieron de las Lebac y evitar que presionaran sobre el dólar, el Central ofreció Lecap (otro de los tantos instrumentos financieros pensados para captar pesos) que pagan más de 50 por ciento de interés, además de otros instrumentos como Nobac y Leliq destinados a bancos.

 

Desde el Gobierno y medios afines celebraron como un éxito la colocación de letras y la baja del dólar, mientras que voces más críticas advierten que la política de absorber pesos como instrumentos como Lecap, Nobac, Leliq o Letes a tasas siderales, no difiere mucho lo que hizo el año pasado Sturzenegger con las Lebac, con el resultado que todos conocemos.

 

“Letes, Lebac, Lelic. Llamalo como quieras, en definitiva es más deuda y eso no puede ser bueno”, definió el economista Carlos Melconian en su reciente paso por Posadas ante una consulta de este medio.

 

De la deuda también refiere el proyecto de presupuesto. Estima que a fin de año representará el 87% del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. En diciembre de 2015 la deuda equivalía al 52% del PBI.

 

Mirada social

 

Todos los pronósticos indican que los efectos de la crisis económica nacional se agudizarán en el último trimestre del año, cuando los salarios estén más retrasados en relación con la inflación. Previendo esa situación, el Gobierno provincial tomó la decisión de pagar un adicional de extraordinario de 4.000 pesos a todos los empleados provinciales. Misiones se convirtió así en la primera provincia en confirmar un bono de fin de año.

 

La ayuda económica fue dispuesta a partir de la decisión del mandatario misionero de accionar una vez más ante la crisis generalizada que aqueja al país y gracias a una “administración previsible, transparente y ordenada, que privilegia la distribución con sentido de equidad para la familia misionera”, según palabras del propio Hugo Passalacqua.

 

El bono especial se distribuirá en tres cuotas que serán efectivas en los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente, por valores de 1.000 pesos los dos primeros meses y una última de 2.000 pesos a cada empleado en condición de activo, jubilado, pensionado o retirado de todas las dependencias del Poder Ejecutivo provincial.

 

En el referido contexto económico también toma especial relevancia el Presupuesto provincial que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y que representa la principal herramienta de gobernabilidad para el año próximo. Concentra la mayor parte de la inversión del Estado en las áreas más sensibles orientadas a contener la crisis social, como la salud gratuita, la educación, la agricultura familiar, el desarrollo social, el apoyo a las pymes y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

 

Thomas y una declaración incómoda

 

La captura y posterior detención del exdirector de la EBY, Oscar Thomas, volvió a poner en tela de juicio el uso que hace el juez Claudio Bonadio del instituto de la prisión preventiva, así como la calidad de los testimonios recabados bajo la figura del arrepentido. En su primera declaración ante el mencionado magistrado, Thomas negó haber pagado coimas y apuntó directo al núcleo cercano del presidente Macri al mencionar a Javier Sánchez Caballero, ex-CEO de Iecsa y al titular de Pro y exdirector de Yacyretá, Humberto Schiavoni.

 

Tras la detención de Thomas, que fue encontrado en un departamento del hijo del “intocable” de la DGI Luis María Peña, su abogado Manuel Ubeira volvió a denunciar abusos en la aplicación de la prisión preventiva por parte del juez Bonadio. Como Ubeira, otros magistrados como el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, afirman que lo normal debería ser que un imputado siguiera en libertad hasta que el juez dicte sentencia y que la prisión preventiva está reservada a casos excepcionales y por causas que están bien especificadas en la ley.

 

Cuestionan además que prácticamente todo el material probatorio que recolectó el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa de los cuadernos fue conseguido mediante un uso “extorsivo” de la figura del arrepentido.  “Si usted se apura y entrega a alguien seguro se va a su casa, pero si no lo hace va preso, violando un principio de derecho que lleva años de aplicación. Prácticamente es un mecanismo de extorsión para hacer hablar a los acusados y el derecho se aplica solo si cuentan algo que le interesa al juez”, argumentó Ubeira a medios nacionales.

 

En su primera declaración ante el juez Bonadio, Thomas no solamente afirmó ser inocente sino que buscó involucrar al círculo íntimo de Macri. Afirmó que parte de los contratos por los que se denuncia el pago de coimas corresponden al período de su antecesor, el ahora senador por Misiones y presidente nacional del PRO, Humberto Schiavoni, y beneficiaron principalmente a la empresa Iecsa, por entonces de la familia Macri.

 

Rápidamente salió al cruce el actual director de la EBY y consejero durante el último período de Schiavoni al frente de la entidad, Martín Goerling, quien aseguró que los contratos cuestionados datan de 2007, cuatro años después de que se terminara la primera gestión de Schiavoni al frente de la EBY.

 

“La estrategia judicial que tiene el abogado del hoy detenido Thomas es meter a todos en la misma bolsa. Acá hay que ser muy claros, el juez está investigando la corrupción en la gestión de Oscar Thomas por contratos de obra pública que se hicieron en 2007. Schiavoni fue director un año y medio de 2002 a 2003, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando”, indicó Goerling.

 

El actual director de Yacyretá recordó que ni bien asumió Schiavoni en 2015, se pidió una serie de auditorías a la AGN y de allí surgieron tres denuncias que están presentadas ante la Justicia. “Una es por malversación de fondos que la tiene Bonadio por irregularidades que encontramos en contrataciones, como el caso de Sergio Santiago que siendo ministro del STJ cobraba un sueldo de Yacyretá, le pagaban la obra social y usaba vehículos de esa empresa. Hicimos una denuncia penal”, remarcó.

 

Otra de las actuaciones de la administración de Thomas que fue denunciada por sus sucesores tiene que ver con el pago de una indemnización que se auto-otorgaron el exdirector y miembros de su consejo. “Denunciamos la indemnización que se hicieron que claramente no correspondía. Se llevaron más de 300 mil dólares cada uno antes de irse en 2015”, enfatizó Goerling.

 

La tercera aparente irregularidad que encontraron Schiavoni y Goerling cuando asumieron respectivamente como director y consejero de la EBY. “Fuimos con escribanos públicos a ver dónde estaba la plata que destinaba a clientelismo. Manifestaban que había 126 comedores a los que asistía Yacyretá y constatamos solamente seis estaban en funcionamiento. Esa denuncia fue presentada en el juzgado federal de la jueza (Verónica) Skanata y hace dos años que duerme”, lamentó.

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