El juez Bonadio acusó a Cristina y Néstor Kirchner de “comandar una organización delictiva de funcionarios”

En una resolución dijo que desde el poder kirchnerista se “valieron de medios oficiales” para obtener dinero “en forma ilegítima”.

La causa de los cuadernos de las coimas empieza a tener las primeras definiciones concretas en el terreno judicial. Luego de los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz y Buenos Aires -todavía falta terminar con uno de los operativos- el juez Claudio Bonadio anticipó en una resolución que durante el gobierno kirchnerista hubo una “organización delictiva conformada por funcionarios públicos” que se “valieron de medios oficiales” para conseguir dinero en “forma ilegítima”.

La resolución completa del juez Carlos Bonadio

La causa N° 9.608/2018 caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita” del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio, se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa nº 10.456/2014 de esa misma Secretaría, por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.-

A partir de estas circunstancias, se realizaron distintas medidas probatorias tendientes a establecer la verosimilitud de la información plasmada en tales registros. En ese sentido, se realizaron tareas de inteligencia, se recabaron informes, y se procedió a la intervención de ciertos abonados telefónicos.-

Por consiguiente, se obtuvieron indicios que “prima facie” permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho (8) años –cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gomez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. –“ENARSA”–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno.-

A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido.-

En el citado expediente, el cual cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos, se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.-

Además se secuestraron más de doscientos cincuenta (250) obras pictoricas en posesión de dos imputados por aprox. pesos treinta y siete millones ($ 37.000.000,00) y pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,00).-

Como consecuencia de ello se han secuestrado aproximadamente, más de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos ($ 6.350.000,00), más de un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 1.245.000,00), más de doscientos treinta y cinco mil euros (€ 235.000,00), como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve (9) armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.-

En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatortias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, susbsitiendo 2 personas con orden de captura.-

Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva.-

En alusión a las resoluciones dispuestas en el marco de la presente investigación, se puede mencionar que se ha rechazado un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el Juez de la causa y una restante, contra el Representante del Ministerio Público Fiscal.-

Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11

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