La economía argentina no encuentra piso en su descenso mientras el Gobierno nacional busca orientar la atención pública hacia los avances que logra la Justicia en los casos de corrupción que pesan sobre la gestión kirchnerista y apuesta a mantener en agenda temas de alto impacto mediático como la legalización del aborto.
Mientras vuelve a aumentar el dólar, la inflación corroe con velocidad los sueldos, las tasas de intereses elevadas congelan la actividad y se cortan cadenas de pago en todo el país, la Justicia le está dando a Macri las únicas buenas noticias que puede mostrar: la causa de los cuadernos sumó nuevos arrepentidos que comprometieron aún más a funcionarios del kirchnerismo que manejaron la obra pública, el expresidente Amado Boudou fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone y en el horizonte aparece la pata argentina de la causa Oderbrecht.
A diferencia de otras investigaciones contra la gestión kirchnerista, la causa de los cuadernos está generando testimonios comprometedores por parte de figuras relevantes del antiguo régimen. El jueves, el exjefe de Gabinete de Cristina, Juan Abal Medina, reconoció que recibió aportes ilegales de empresarios de la obra pública para financiar la campaña de 2013, aunque aseguró que se trató de pagos voluntarios y no hubo coerción. El mismo día habló el ex juez federal Norberto Oyarbide quien afirmó que sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito porque recibió “fuertes presiones” de la SIDE.
El sábado de entregó José María Olazagasti, ex secretario privado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien se señala como un actor clave en el supuesto esquema de corrupción que investiga la Justicia.
Pero incluso en el plano judicial aparecen nubarrones en el horizonte para la gestión de Cambiemos. Una de las empresas sospechadas de entregar coimas es IECSA, fundada por el padre de Mauricio Macri y luego vendida por una cifra irrisoria al primo del presidente, el ahora arrepentido Ángelo Calcaterra. Además, el gobierno de la transparencia enfrenta la investigación por supuestos irregularidades en la recaudación de fondos para su campaña, causa que ya suma más de 1.200 casos de personas de escasos recursos que figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos en Buenos Aires, pero que niegan haber puesto un peso.
Que la única herramienta que encuentre el Gobierno nacional para intentar detener la caída de su imagen sea mostrar los peores aspectos de su antecesor habla a las claras de la falta de resultados de su propia gestión, lo que queda en evidencia repasando las principales noticias en el plano económico.
Tal vez el dato más preocupante sea la nueva suba del dólar. Luego de casi tres semanas de estabilidad la divisa estadounidense retomó la senda alcista el jueves y se acercó a los 30 pesos el viernes. Lo hizo a pesar de que el Central sigue desangrando sus reservas con remates diarios de 50 millones de dólares y de que el equipo económico liderado por Dujovne lleva adelante un doloroso ajuste del gasto público para cumplir con lo acordado con el FMI y mostrarse como un “país previsible” frente a los mercados internacionales.
Para muchos analistas, el nuevo movimiento del dólar es un indicio de que la corrida cambiaria contra el peso podría no haber terminado, lo que sumaría mayor incertidumbre al de por sí inestable panorama actual. Uno de los que opinó en ese sentido es el exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, quien afirmó que “están dados los ingredientes para que siga la escalada” de la moneda estadounidense.
“La cosa empezó el jueves y se puso de manifiesto con más fuerza el viernes. El país tiene problemas pero no es para semejante debacle. Está muy claro que hay una fatiga de los mercados y de la comunidad inversora con la Argentina”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires.
El economista consideró que pese a la recesión y la sequía de plata que sufre el argentino de a pie todavía hay un exceso de moneda, lo que sugiere que cortar la carrera del dólar siguiendo la receta del ajuste requeriría todavía mayores esfuerzos de la población.
Inflación y pobreza
La Fundación Mediterránea difundió recientemente un informe en el que demuestra que en el actual contexto inflacionario los alimentos aumentan a mayor velocidad que el promedio de los precios. Señala además que hay una relación inexorable entre los precios del dólar y de los alimentos y advierte que durante el segundo trimestre el dólar aumentó tres veces más que los alimentos, lo que indicaría que todavía hay inflación contenida.
La inflación y especialmente la suba de los alimentos golpean directamente a los sectores más postergados de la sociedad y se traducen en un incremento de la pobreza. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA señalaron que el índice de pobreza se ubicaría actualmente en 33 por ciento –nivel similar a los picos más altos de la última década- y advierten que de no modificarse el escenario actual, la indigencia alcanzaría a uno de cada 10 argentinos.
Desde la UCA pidieron que el Gobierno nacional no piense solamente en ajuste sino que además sea capaz de avanzar en un proyecto de desarrollo. Los números de la industria demuestran sin embargo que ese objetivo está cada vez más lejos.
Según el INDEC, la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria cayó en junio hasta apenas el 61,8 por ciento del potencial de producción, el nivel más bajo para un junio en los últimos 16 años. Para remontarse a una proporción menor hay que retroceder hasta 2002, en plena crisis del default y salida de la convertibilidad.
Con las tasas de interés por las nubes, el mejor negocio que puede hacer un industrial es liquidar sus stocks y poner su dinero en alguna inversión financiera. La alternativa de endeudarse para producir es directamente inviable en el contexto actual de crédito caro y ventas deprimidas.
Impacto local
Mientras la patria financiera sigue haciendo pingües ganancias saltando de las letras a los bonos, los que no saben hacer otra cosa que producir la tienen bastante más difícil. Los que conocen bien esta realidad son los yerbateros misioneros, en especial aquellos que se quedaron con alguno de los 500 cheques sin fondos que liberó un solo secadero este año.
El caso se conoció esta semana a raíz de la denuncia de varios perjudicados y –más allá de los malos manejos que puedan atribuirse al denunciado- es una muestra de lo que puede pasar en una cadena de pago cuando los costos financieros se disparan.
Juan Carlos Schmidt es un secador de yerba que trabaja hace más de 25 años en la zona de Leandro N. Alem. En el mundillo yerbatero aseguran que es “un buen tipo que nunca jodió a nadie” e incluso le reconocen que siempre se esforzó por cumplir con sus proveedores de hoja verde. Por eso sorprendió que sus cheques comenzaran a rebotar por falta de fondos.
El problema se agrava porque la economía yerbatera se mueve con cheques posdatados, precario y riesgoso método de financiamiento al que los productores se ven sometidos por los prohibitivos costos de los créditos bancarios, entonces cuando rebota el primer cheque ya hay muchos más en circulación.
Si bien el caso que involucra a Schmidt es el más notorio, productores y secaderos afirman que el temor por un corte en las cadenas de pago está siempre en el aire y que los bancos y financieras que descuentan cheques terminan haciendo más negocio con la yerba que los propios yerbateros.
Los rigores de la economía del ajuste también perjudican de forma directa a las constructoras. Empresarios, funcionarios provinciales y nacionales y dirigentes gremiales del NEA que participaron del “Tercer Foro de las PyMEs Constructoras” realizado esta semana en Posadas, aseguran que en esa actividad hay cuestiones políticas que perjudican incluso más que la recesión económica.
Todos apuntan al favoritismo que exhibe sin pudores el Gobierno nacional a la hora de repartir inversiones en obra pública. Durante el encuentro se mostró estadística que revela un marcado favoritismo de la gestión de Macri a invertir en obras que se localizan en los territorios de sus dos mayores aliados políticos, CABA y Provincia de Buenos Aires, y que por su magnitud, solo pueden ser ejecutadas por las grandes compañías del rubro.
Los empresarios del NEA ven con preocupación que la administración nacional concentra la inversión en el centro del país y que además prefiere avanzar en grandes obras de infraestructura, como autopistas, ferrocarriles, soterramiento de vías, aeropuertos y destina pocos fondos a obras de infraestructura social, como hospitales, viviendas, comisarías o escuelas.
La consecuencia es que las constructoras dependen cada vez más de lo que puedan invertir los gobiernos provinciales –que también están golpeados por la recesión- para trabajar. Eso se traduce en una caída considerable en la cantidad de obras en construcción y de obreros en actividad.
En Misiones la cantidad de trabajadores en blanco de la construcción cayó de 14.500 en 2015 a poco más de 9.000 en abril y en las demás provincias del NEA el cuadro es aún peor.
Los empresarios del rubro, muchos de los cuales apoyaron fervientemente la candidatura de Macri, ahora se sienten decepcionados porque entienden que el Gobierno nacional “les soltó la mano”. “Entiendo que el presidente pretenda apuntalar a (Eugenia) Vidal y a Rodríguez Larreta porque son de su partido, eso siempre fue así, pero lo que está haciendo ya es muy alevoso”, opinó sin medias tintas el propietario de una constructora local, preocupado porque está terminando las últimas obras que tenía contratadas y no aparecen nuevas licitaciones.
En respaldo a lo dicho por los empresarios, la última edición del informe Construar, que elabora la consultora Gómez Nieto Consultores Asociados, muestra un alto grado de concentración en las licitaciones de obra pública durante 2018. El trabajo contempla los llamados efectuados de enero a junio y revela que 48 por ciento del monto total licitado en el primer semestre corresponde a obras a ejecutarse en provincia y ciudad de Buenos Aires y si a ese grupo se le agregan Santa Fe y Córdoba, el porcentaje aumenta a 64 por ciento.
Otra visión del recorte de fondos nacionales para la obra pública en Misiones la brindó el presidente de Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) de Misiones, Santiago Ros, quien señaló que este año recibieron de Nación 30 por ciento menos recursos –a valores históricos- que el año pasado, pero que la situación empeora por las crecientes demoras en los pagos que obligan a la provincia a adelantar cobros a las empresas a la espera de reembolsos de Nación que tardan cada vez más en llegar.
“Recibimos desembolsos por un valor 60 por ciento menor al año pasado porque La Nación no nos manda dinero para pagar por las obras, sino que nos reembolsa dinero de obras que ya ejecutamos. Estamos recibiendo fondos por obras que ya hicimos y pagamos hace 4,5 o 6 meses, a medida que esos reembolsos se extienden, se licúa nuestro capital porque nosotros ya tuvimos que pagarle a las empresas”, explicó a Misiones Online.
Señaló que ante ese panorama, la Provincia salió a cubrir las falencias de la Nación con fondos propios. “Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible con recursos propios para ir tapando los agujeros que deja el aporte nacional, pero no vamos a poder lograrlo en un 100 por ciento. Pese a ello estamos iniciando obras todos los meses, escuelas, comisarías hospitales, vivienda también”, dijo.
Aclaró que lo que se espera para el año próximo no es mejor. Explicó que el año pasado solo el 23 por ciento del total de los fondos que ejecutó el Iprodha provino de la Nación, estimó que este año ese porcentaje bajaría todavía más y no descartó que el año próximo baje a cero.
Remarcó que la consecuencia social más grave de esta política nacional es el incremento del déficit habitacional en la provincia. “Hasta 2014 estábamos produciendo viviendas por encima del déficit habitacional vegetativo, hoy estamos produciendo por debajo, lo que quiere decir que antes lográbamos reducir el déficit, pero ahora está aumentando”, finalizó.
Afuera, también mal
A las visiones negativas de los analistas argentinos y de los empresarios y funcionarios de la provincia y de la región, se suman las noticias de Argentina que llegan desde el exterior. Tampoco son buenas.
El Instituto Internacional de Finanzas advirtió esta semana que Argentina es el país emergente con mayor nivel de vulnerabilidad fiscal, junto con Ucrania, debido a sus altos niveles de deuda y dolarización. La entidad, que reúne a los principales bancos del mundo alertó también que en países como Argentina y Brasil podrán verse aumentos del nivel de endeudamiento externo “desde niveles iniciales ya altos”.
El Riesgo País, índice que elabora el banco JP Morgan y es considerado por el mundo financiero como la medida más precisa del riesgo crediticio de un país, trepó 69 puntos en una semana y se ubicó en 704 puntos el nivel más alto desde la presidencia de Macri. De esta forma, Argentina comparte el podio de la región con Venezuela y Ecuador.
El dato no es menor teniendo en cuenta que Macri presentaba como una de sus principales virtudes su imagen de confiabilidad frente al mundo y que el acuerdo firmado con el FMI apuntaba a reforzar esa imagen de previsibilidad. Sin embargo hoy Argentina es considerada por las calificadoras como una plaza más riesgosa que en 2015, cuando Cristina despotricaba contra los fondos buitre por cadena nacional y el ministro de Economía era Axel Kicillof, un filomarxista para los estándares de la ortodoxia financiera.
Para los analistas internacionales, el punto flaco de Argentina es la deuda nominada en dólares y el creciente peso de los intereses de dicha deuda. En este caso la herencia no viene del kirchnerismo, sino del fracasado modelo gradualista que le permitió al gobierno nacional tener en 2017 un año electoral tranquilo a cambio de un sustancial incremento de la deuda.
Durante el primer trimestre, casi 13 de cada 100 pesos recaudados por la Nación fueron destinados al pago de intereses de la deuda. Se estima que por efecto de la devaluación y de la recesión, en el cuarto trimestre deberán destinarse al mismo fin 15 de cada 100 pesos recaudados.
Que no se corte
Otro de los grandes temas de la semana nacional fue la votación de la ley de legalización del aborto. El Senado refrendó aquello de que es la cámara más conservadora y voto en contra de lo que habían aprobado los diputados. Los senadores del Bloque Misionerista, Maurice Closs y Magdalena Solari, votaron en contra de la legalización, mientras que su par de Cambiemos, Humberto Schiavoni votó a favor.
Aunque no hubo mandato partidario por parte del Frente Renovador –de hecho en la Cámara baja hubo votos a favor y en contra dentro del mismo bloque- desde un sector de la fuerza que gobierna Misiones se alegraron con el resultado de la votación en el Senado y afirmaron que el voto “pro vida” de los legisladores misioneristas es consistente con la doctrina del humanismo mientras que los “pro aborto” responden a una “tendencia liberal a la moda”.
Al igual que cuando se trató en Diputados, el debate por la legalización del aborto en Senadores dejó un puñado de intervenciones desacertadas que sembraron dudas en relación a la calidad de algunos legisladores nacionales. El que se destacó en ese terreno esta vez fue el senador por Salta Rodolfo Urtubey, quien afirmó que “hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer”.
Terminado el debate legislativo, desde el Gobierno nacional –cuyos representantes votaron mayoritariamente en contra de la legalización del aborto- deslizaron la posibilidad de convocar a un plebiscito para resolver la cuestión a través del voto popular. La alternativa fue planteada primero por el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, y después por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, pero el viernes fue descartada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Sin embargo, el propio Peña abrió la posibilidad de que el tema vuelva a abordarse cuando se debata la reforma del Código Penal. En ese caso ya no se iría por la legalización sino por la despenalización del aborto.
La posición del Gobierno nacional frente al aborto fue ambivalente. Abrió la posibilidad de debatir una posible legalización, pero no presentó un proyecto propio y la mayoría de sus representantes votó en contra. Terminado el trámite legislativo, prueba alternativas para mantener el tema al tope de la agenda. Ya sea por genuina convicción democrática o por el mero interés coyuntural de tapar la crisis económica, para el Gobierno nacional lo más importante no parece ser la legalización, la despenalización o la criminalización del aborto, sino que se siga discutiendo el tema.
Innovación aplicada a la educación
En el plano provincial, se destacó la realización del 1° Congreso Internacional de Flipped Learning, en Puerto Iguazú. A lo largo de tres días se generó un espacio donde especialistas de todo el mundo, representantes educativos y los propios docentes interactuaron con el modelo pedagógico que propone el flipped learning, aula inversa o clase invertida. Hubo exposiciones, talleres, espacios de reflexión y la interacción cara a cara con quienes han creado la metodología.
De la apertura participó el gobernador Passalacqua a través de un video. “Es un imperio ponernos a pensar que pasa en la educación. Un docente cuando entra no solo debe enseñar sino también aprender. Esa lógica potenciada por la tecnología, hace que haya que repensar la práctica áulica. No es sencillo, venimos con una formación pedagógica analógica. Hoy los chicos son binarios, digitales, y también le va a tocar a ellos enfrentarse a aulas trinarias”, dijo Passalalcqua.
“El rol de docente no es tan difícil acomodarse a lo que viene. A mi modo de ver nos hace falta mucha humildad, entender que no somos el centro del universo, tenemos que estar detrás de los chicos, no delante de los chicos, entender que el gradualismo es diferente, hay ritmos biológicos, intelectuales en cada uno, hay que seguirlos uno por uno. El docente desde atrás debe conducir a los chicos hacia su autogestión del conocimiento”, dijo el mandatario.
Flipped Learning o Aula Invertida es una propuesta de alfabetización digital, inclusión real y efectiva de las TIC en el aula mediante el desarrollo de software, contenidos locales y formación docente que redunden en la mejora de las trayectorias estudiantiles de las escuelas de Misiones.
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