El FMI de antes, el de siempre

Esta semana se conoció un poco más de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al difundirse el “staff report” que los técnicos del organismo elevaron al directorio y que incluye una serie de “recomendaciones” que el Gobierno argentino deberá seguir para recibir el blindaje de 50.000 millones de dólares prometido. Sin dejar mucho margen para la interpretación, el informe interno dejó en evidencia que Macri y su equipo económico no estaban en lo cierto cuando afirmaban que el FMI “no era el de antes” y no pretendía imponer ningún programa de gobierno, por el contrario, el documento deja constancia escrita de que el FMI sí tiene un plan para Argentina y que ese plan es casi igual a los que impuso antes en este y en otros países en tiempos de crisis, con resultados que son bien conocidos.

En modelo del FMI no se propone desarrollar al país, ni generar empleo, ni mejorar la calidad de vida de los habitantes sino garantizar que Argentina podrá cumplir con los exigentes vencimientos de deuda que deberá enfrentar en los próximos meses, meta para nada fácil luego del festival de endeudamiento que llevó adelante el Gobierno nacional para financiar el fallido modelo que dio en llamarse gradualismo.

Las recomendaciones del Fondo podrían resumirse en: bajar el gasto público, interrumpir reducciones de impuestos previstas y vender activos para salir del paso. Con estas medidas se espera que Argentina logre enderezar sus números macro y volver a ser confiable a ojos de los mercados –a los que el Gobierno espera seguir recurriendo para tomar aún más deuda- todo eso a un costo social muy alto: en los próximos meses muchos argentinos se quedarán sin trabajo, los que logren conservarlo perderán poder adquisitivo, las tarifas volverán a dispararse y a las empresas les esperan al menos tres trimestres de recesión.

Tras conocerse el documento, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, recibió a los ministros de Economía de las provincias que controla Cambiemos para darle otra mala noticia, el ajuste fiscal que se preveía en 220 mil millones de pesos en realidad deberá ser de 300 mil millones y la Nación espera que las provincias colaboren.

¿Vuelve el 13 por ciento?

En su evaluación, el organismo de crédito considera necesario reducir empleos públicos no prioritarios, congelar contrataciones y establecer un techo de 8 por ciento en los aumentos salariales desde junio último hasta junio de 2019, período para el que se espera una inflación no menor a 30 por ciento. De cumplirse esas proyecciones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos rondaría el 22 por ciento, lo que implicaría en términos reales una reedición potenciada del recorte salarial de 13 por ciento dispuesto por De la Rua en 2001.

Otra de las recomendaciones del organismo que conduce Christine Lagarde es la reducción de los subsidios a los servicios públicos y el transporte, lo que se traduciría en otro fuerte incremento en las tarifas. Ocurre que la devaluación de 50 por ciento que se registró en lo que va del año todavía no se trasladó completamente a los precios mayoristas de –por ejemplo- la energía. Si a las subas que se esperan por efecto de la disparada del dólar se agrega una nueva quita de subsidios, pueden esperarse antes del fin de 2018 tarifazos similares a los de diciembre del año pasado.

La construcción será uno de los sectores más perjudicados por el ajuste. El FMI pidió bajar 0,6 por ciento del PBI el gasto en capital, meta solo posible congelando la obra pública. Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, anticipó que hay 30 mil millones de pesos de obras que estaban incluidas en el Presupuesto 2018 que no se van a ejecutar, lo que implicará una reducción de 15 por ciento respecto de lo presupuestado y que en el Presupuesto 2019 habrá que hacer un ajuste en el gasto de entre 200 y 300 mil millones de pesos en relación a lo presupuestado para este año.

Otras medidas de ajuste del gasto recomendadas son reducir las transferencias a empresas del Estado un 15 por ciento y bajar las transferencias a las provincias 1,2 por ciento del PBI en 2019. Pero este ajuste debería completarse con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios, es decir, una profundización del ahorro fiscal en las provincias.

La evaluación del FMI para Argentina incluye otro clásico: vender las joyas de abuela. Tal vez para evitar un mayor ruido político, esta vez el organismo no recomendó vender Aerolíneas o YPF –como sí lo había hecho en los 90- sino liquidar inmuebles públicos y amortizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, lo que llevaría a una pérdida de respaldo económico para el organismo previsional.

En el plano fiscal, el documento considera oportuno postergar hasta 2020 todas las reducciones impositivas previstas en la reforma tributaria, abandonar el camino progresivo de reducción de las retenciones a las exportaciones de soja y dejar ese tributo fijado en 25,5 por ciento.

El arca de Mauricio

El abrupto deterioro de la economía y las previsiones de ajuste obligaron al Gobierno nacional a establecer prioridades. La billetera gorda de la primavera gradualista le permitió a Macri y a su equipo repartir beneficios, gestos, guiños o aunque sea promesas a cada uno de los actores de la escena económica y política.

Para algunos el premio fue grande e inmediato, como el campo exportador de granos que ganó con la quita de retenciones y las devaluaciones. O la “patria financiera” y los fondos especulativos extranjeros, que obtuvieron en los últimos dos años y medio las ganancias más rápidas y extraordinarias que se vieran en el país. O la provincia de Buenos Aires, gran ganadora del Pacto Fiscal.

Para otros hubo premios consuelo, usualmente en términos de proyectos a futuro que salían de alguna de las mesas de competitividad o de beneficios de aplicación progresiva y futura como los establecidos en la reforma fiscal o la Ley Pyme.

Pero el nuevo contexto contractivo exige sacrificios y al mismo Gobierno que antes repartía los dones efímeros del endeudamiento, ahora le toca distribuir la carga del ajuste.

La ingrata tarea saca a la luz como nunca antes el costado ideológico de un gobierno que reniega de la ideología. Como a un improvisado Noe al que sorprendió el diluvio con el arca a medio construir, a Macri no le entran todos los animales en el barco y debe elegir a cuáles protege y a cuáles deja a merced de la tormenta.

El presidente y su círculo más íntimo saben que el FMI toleraría que el Gobierno desoyera algunas de las recomendaciones, pero solo algunas, lo que les deja un margen de acción bastante escueto.

Las principales espadas mediáticas de Cambiemos, como Carrió y Doujovne, admitieron que la pérdida de poder adquisitivo del salario y la recesión son costos que Argentina deberá pagar para garantizar la llegada de los 50.000 millones de dólares del FMI. Por otra parte los despidos de Télam dan cuenta de que la recomendación de reducir de personal tampoco será desoída.

De los puntos que pide el FMI, el que más ruido está generando al Gobierno es el referido a posponer la reducción de retenciones a la soja. En la misma semana en que el presidente Macri le prometió a la cúpula de la Sociedad Rural que el impuesto a las exportaciones de la oleaginosa se seguiría reduciendo tal como estaba previsto, los cosecheros de tabaco en Salta se quedaron sin subsidio interzafra, lo que también le podría pasar a los tareferos misioneros.

El mismo gobierno nacional que por estas horas analiza cómo aplicar el ajuste sin que ello implique incumplir lo prometido a los sojeros, no dudó en dejar sin una ayuda de 2.300 pesos mensuales a miles de trabajadores estacionales.

Ocurre que el ministerio de Trabajo de la Nación elevó los requisitos para acceder a ese beneficio: hasta 2017 los trabajadores debían presentar recibos por tres meses y un ingreso de un cuarto del Salario Mínimo Vital y Móvil que hoy asciende a 9.500 pesos. Pero ahora la cartera que conduce Jorge Triaca exige un mínimo de cinco meses trabajados y un ingreso de la mitad del salario mínimo.

Con la cosecha yerbatera finalizada dos meses y medio antes de lo previsto, prácticamente ningún tarefero está en condiciones de cumplir esos requisitos, lo que dejaría sin una vital ayuda a uno de los grupos más postergados del país.

Otros de los que se enteraron esta semana que el ajuste les tocará de cerca son los empresarios y productores de la foresto industria del NEA. En una nueva edición de la mesa de competitividad de ese sector que se reunió el viernes en Posadas, funcionarios nacionales debieron reconocer que la mayoría de las promesas que dejó Macri en su paso por Iguazú a inicios de abril –cuando el país era otro- no se harán realidad, al menos no en los próximos dos años.

En su última visita a Misiones, el presidente aseguró a los forestales que este año destinaría 400 millones de pesos a aceitar la operatoria de la ley de promoción de bosques cultivados, que reparte subsidios a los plantadores, lo que implicaría cuadruplicar lo presupuestado. El viernes, funcionarios nacionales informaron que hasta ahora se ejecutaron 90 millones y que con suerte se destinarían otros 50 millones en lo que queda de 2018, bastante menos que los 400 millones prometidos. Además adelantaron que para el año próximo no se preveían aumentos sustanciales.

El nuevo contexto también puso en veremos otras de las promesas que dejó Macri a los forestales en su paso por Misiones: la contratación de empresas locales para la construcción viviendas de madera financiada por el Fonavi.

Los empresarios pyme, muchos de los cuales apoyaron con entusiasmo el proyecto de Cambiemos que les prometió reducción de impuestos, ahora ven con impotencia que el contexto económico prioriza la especulación sobre la producción y eso no los favorece.

“Lebac, Letes, Encaje, Dólar futuro ect, etc. Son terminologías leídas por las Pymes, NO están incorporadas a nuestras tareas cotidianas; que sí son: ventas, empleo, objetivos, desarrollo, consumo, bienestar de nuestra comunidad”, escribió el presidente de la CAME, el misionero Gerardo Díaz Beltrán.

La continuidad de las tasas de intereses descomunalmente altas como ineficiente remedio para contener a la inflación –que a pesar de ello alcanzó niveles récord en junio- está cortando las cadenas de pago, planchando los niveles de consumo y llevando al colapso a las empresas pequeñas y medianas.

Para descontar un cheque, una pyme debe asumir una tasa del 80 por ciento de piso y 120 por ciento de techo en el mercado informal, mientras que el valor de reposición de la mercadería empieza a acusar el efecto “por las dudas” producto de la incertidumbre que generan estas altísimas tasas.

En estas condiciones, tomar un crédito para la compra de un bien durable es lo más cercano al suicidio que se puede llegar sin un arma en la mano. Para un préstamo bancario personal de 450.000 pesos en 24 cuotas, el costo total financiero anual más bajo del mercado supera el 80 por ciento.

“Secar la plaza por un rato es efectivo, por más de 15 días es hiper recesivo con una economía informal superior al 35 por ciento”, indicó el economista Rodolfo Santángelo. El Gobierno prendió la aspiradora el 4 de mayo, cuando el entonces presidente del BCRA Federico Sturzenegger aumentó de 27 a 40 por ciento la tasa de interés básica y todavía no la apagó.

Foco en lo social

Ante el desalentador contexto económico nacional, el Gobierno provincial sigue generando medidas concretas tendientes a reducir el impacto social de la crisis, especialmente en los sectores más vulnerables. Siguiendo la línea de programas como el Ahora Pan y el Ahora Misiones, Misiones volvió a ser noticia en todo el país esta semana cuando el gobernador Hugo Passalacqua acordó con distribuidoras locales garantizar en toda la provincia la tarifa oficial vigente para el gas envasado en garrafas de diez kilogramos durante los próximos tres meses, con la puesta en práctica del programa “Ahora Gas”.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán explicó que dicho programa procura “llegar a aquellas localidades de la provincia de Misiones donde hoy la garrafa de 10 kilos de gas se está vendiendo a un precio muy por encima del precio oficial. El Gobierno Provincial lo que busca en este período de invierno, cuando el consumo de gas se incrementa y considerando el momento difícil, es que la población pueda acceder a este precio oficial a partir de operativos que pondrán en práctica seis distribuidoras, junto con la Dirección de Comercio Interior”.

Por el lado de la oposición, los dirigentes provinciales de la alianza Cambiemos encuentran cada vez más dificultades para consolidar el crecimiento que tuvo esa fuerza política en los primeros dos años de Gobierno de Macri.

Con preocupación, radicales y partidarios del PRO ven como el sello Cambiemos tracciona cada vez menos, conforme la estrella de Macri se apaga al paso que la crisis aprieta con mayor fuerza los bolsillos misioneros y se siente con creciente intensidad en la clase media.

Sin respuestas que permitan explicar por qué el Gobierno nacional que apoyan no pudo cumplir sus promesas de bajar la inflación, atraer inversiones, contener al dólar o reducir impuestos y luego de haber fracasado en todos los pronósticos en ese plano, los principales dirigentes de esa fuerza abandonaron los timbreos y se refugian en las redes sociales, a la espera de que el clima mejore.

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