Ramón “Poli” Castel, condenado a prisión perpetua por el crimen de Pablo Fraire, ocurrido en Posadas en noviembre de 2002, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso de revisión de la sentencia. Además, recusó a parte de los ministros de la Corte misionera.
Hace unos días, el STJ se expidió sobre parte del planteo. Es que el que tiene que ver con la pedido de apartamiento. Sólo aceptó las excusaciones de la ministra Liliana Mabel Picazo, quien intervino en el juicio oral en calidad de fiscal de Tribunal; y del ministro subrogante Ángel Atilio León, quien también fue parte de la causa, ya que tomó intervención como fiscal de Instrucción.
Sin embargo, rechazó el apartamiento de los ministros Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas, Froilán Zarza y María Laura Niveyro.
El defensor de Castel en esta instancia, Eduardo Paredes, fundó su recusación en las intervenciones de los magistrados mencionados en la causa. Ellos –sostuvo- confirmaron la sentencia recurrida, ya que han rechazado tanto el recurso de casación como el posterior extraordinario federal, por lo cual entendió que se encuentra afectada su imparcialidad para revisar el fallo.
“Considero que asiste razón a los Dres. Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas, Froilán Zarza y María Laura Niveyro por cuanto su intervención en autos responde al imperio de la ley. No puedo advertir parcialidad alguna o sesgo tal que implique o amerite su apartamiento sino más bien noto una mera discrepancia subjetiva por parte del recurrente en la decisión que han tomado”, sostuvo en su voto la ministra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. A su argumento adhirieron Cristian Marcelo Benítez, Amalia Lilia Avendaño, Francisco Clavelino Aguirre, Lyda Inés Gallardo, Marisa Ruth Dilaccio, María Teresa Ramos, Eduardo Javier Jourdan y José Pablo Rivero.
La defensa de Castel sostiene que la perpetua no tiene fundamentos sólidos: que al hombre se lo condenó por los dichos de un testigo falso y por los datos que aportó un oficial de la Policía en base a un “llamado anónimo”.
En el pedido de revisión, que argumentó por una supuesta falta de revisión a fondo por parte del STJ del material probatorio, se recuerda, por ejemplo, que hay testigos presenciales que vieron sólo a una persona atacando a Fraire. Y en el fallo del Tribunal Penal Uno se condenó a dos: a Castel y a Gustavo “Axel” Aranda Alvarenga.
A Fraire lo citaron en Francia casi Tomás Guido, el 25 de noviembre de 2002 por la noche, con la excusa de que querían venderle algo. Pero una vez en el lugar quisieron robarle el dinero que había llevado el joven, quien se resistió al atraco y recibió 37 cuchillazos en distintas partes del cuerpo.
El crimen de Pablo movilizó a la sociedad posadeña. Derivó en marchas de silencio y más tarde en dos proyectos que tiempo después se materializaron: la creación de la División Homicidios dentro de la estructura policial y la sanción de la figura del querellante particular.
Según consta en el expediente, horas después del asesinato Leal le dijo a un conocido que Aranda había “dado vuelta a un pibe”. “El Porteño”, en tanto, acusó a Gaby de ser el autor de los cuchillazos.
Castel, hermanastro de Gaby, fue incriminado por la declaración de testigos que recabó la Policía.
Leal estaba en España en 2009, cuando los jueces Marcela Leiva, Fernado Verón y Horacio Gallardo condenaron a Castel y a Aranda. Ahora será su turno de sentarse al banquillo. Ese debate oral aún no tiene fecha.
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