Con la decisi\u00f3n judicial firmada por los jueces Sergio Fern\u00e1ndez y Jorge Mor\u00e1n, el Gobierno debe decidir cu\u00e1l ser\u00e1 el pr\u00f3ximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prev\u00e9 la Ley\u00a0o apelar a la \u00faltima instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/b><\/p>\n
Los equipos legales de la Presidencia de la Naci\u00f3n, la Procuraci\u00f3n del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, est\u00e1n evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocuci\u00f3n con las universidades es el subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias,\u00a0Alejandro \u00c1lvarez<\/b>, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelaci\u00f3n total con la pol\u00edtica fiscal que ejecuta el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo.<\/p>\n
El vicerrector de la UBA,\u00a0Emiliano Yacobitti<\/b>, record\u00f3 que \u201cel PEN debe cumplir con la ley\u201d y que la omisi\u00f3n podr\u00eda constituir\u00a0\u201cun caso de gravedad institucional sin precedentes que podr\u00eda configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios p\u00fablicos\u201d<\/b>. A\u00f1adi\u00f3 que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.<\/p>\n
Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada d\u00e9cadas atr\u00e1s, Naci\u00f3n solo tiene potestad en el financiamiento de la educaci\u00f3n universitaria. En el marco de la pol\u00edtica de recorte del gasto p\u00fablico encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.<\/p>\n
Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales\u00a0registran una ca\u00edda real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026<\/b>. La gran mayor\u00eda del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.<\/p>\n
Los salarios universitarios acumulan\u00a0un incremento del 158% desde la asunci\u00f3n de Milei, mientras que la inflaci\u00f3n acumulada en el mismo per\u00edodo alcanza el 280%<\/b>. \u201cEsto implica una p\u00e9rdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha p\u00e9rdida en el tiempo, el deterioro sistem\u00e1tico del poder adquisitivo del salario equivale a la p\u00e9rdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el per\u00edodo considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023\u2033, informan.<\/p>\n
La decisi\u00f3n judicial ratificada por la C\u00e1mara impone la ejecuci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 6 de la Ley 27.795, que estipulan la actualizaci\u00f3n salarial de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanci\u00f3n, en septiembre de 2025. Tambi\u00e9n dispone que se repongan todos los programas de becas para estudiantes universitarios. El fallo descarta que la aplicaci\u00f3n de la ley pueda afectar los fondos p\u00fablicos de modo relevante. En palabras de los jueces Sergio Fern\u00e1ndez y Jorge Mor\u00e1n, el impacto fiscal de la cautelar\u00a0\u201ces bajo y no se afecta sustancialmente el inter\u00e9s p\u00fablico\u201d, enfatizando que est\u00e1 en juego \u201cun derecho central de la Constituci\u00f3n como la educaci\u00f3n superior p\u00fablica\u201d.<\/b><\/p>\n
fuente: infobae<\/p>\n